Zapatero y Rajoy dejan un sabor agridulce
La reunión de ayer entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, se saldó con regusto agridulce. La parte positiva la puso el acuerdo alcanzado entre ambos dirigentes para acelerar la reconversión de las cajas de ahorros y modificar, en tres meses, la normativa que las regula. Una noticia excelente, si se cumple, por la trascendencia del sector financiero para el buen desarrollo de la economía. Por contra, el encuentro defraudó las expectativas que había generado. Ciertamente, la mayoría de españoles no confiaba en que ambos líderes aparcaran sus diferencias, aunque existía la esperanza de que el interés nacional y la gravedad de la situación por la que atraviesa la economía bastasen para hacer trabajar a ambos dirigentes hombro con hombro. Un mensaje conjunto de unidad de los dos líderes habría contribuido a regenerar una confianza que la economía española ha perdido en los mercados y fuera de ellos.
Zapatero y Rajoy trabajarán para cerrar los procesos de fusión de las cajas de ahorros antes del 30 de junio, como exige Bruselas, que ha puesto ese límite al empleo del FROB. Aunque habrá que esperar a verlo, frustran así las pretensiones de ampliar los plazos expresadas por el sector las últimas semanas. Sobre el papel, cabe pensar que los dos políticos se han conjurado para disciplinar a los Ejecutivos autonómicos gobernados por sus respectivos partidos y obligarles a concluir en plazo los procesos abiertos. Hay dos meses para comprobar la capacidad de convicción de ambos entre los dirigentes regionales de sus respectivas organizaciones. Por el bien general, más vale que esa capacidad sea alta, pues la conclusión de los procesos de fusión es imprescindible para fortalecer el sector y sanear el balance de más de una entidad con problemas. Así las dotará de liquidez, un paso previo para normalizar el crédito y reactivar la economía.
Pero tan necesaria como la rápida reestructuración del sector es, para mejorar su funcionamiento, la reforma de la Lorca (Ley Orgánica de Cajas de Ahorros), un cambio regulatorio largamente esperado. De las declaraciones de ayer se induce una modificación en el régimen de estas entidades, al dotar a las cuotas participativas de derechos políticos. De esta forma, las cajas podrán afrontar la exigencia de mayor capital impuesta por las nuevas reglas de Basilea III, lo que redundará en mejorar su solvencia. Algo imprescindible para aprovisionarse de recursos en los mercados mayoristas internacionales. Con estos mimbres, parece que la reforma va por buen camino, aunque habrá que esperar a conocer el texto consensuado, que de cumplirse el plazo establecido ayer, deberá estar listo en tres meses. Entonces se despejará la incógnita de hasta qué punto están dispuestos a reformar unas entidades que entre otros males, sufren de una injerencia política que merma su eficacia.
El pacto de ayer es un avance y cabe celebrar que Gobierno y oposición hayan priorizado los elementos de encuentro en una materia tan delicada como el sistema financiero. Sería deseable que fuesen factibles acercamientos en otros muchos puntos. Pendientes quedan los pactos por la educación, la política energética y la política industrial, además de la reforma laboral. De la reunión de ayer no se colige semejante cambio. Ninguno de los dos líderes antepuso la política de Estado a la de partido. Frente al acierto del pacto de cajas, fracasaron en su obligación de lanzar un mensaje de confluencia para impulsar la economía que contribuya a rebajar la presión sobre la Bolsa y la deuda españolas.
Mariano Rajoy marcó distancias y aclaró que el acuerdo no supone un apoyo al Gobierno, y remarcó las discrepancias en la reforma laboral o en la fórmula para recortar el abultado déficit público. El presidente del Gobierno, que no cedió en estos temas, se quedó sin la ansiada foto y tuvo que explicar, de forma poco convincente, que en ningún caso se planteó que ambos líderes comparecieran conjuntamente. Explicó que no hay precedentes. Sin embargo, esa es una saludable práctica común en muchos lugares del mundo occidental cuando los dirigentes de un país, desde el Gobierno y desde la oposición, se marcan como objetivo trabajar juntos para solucionar problemas de Estado. Como el que ahora tiene la economía española.
