CincoDias.com Opinión

En la guerra de promesas que siempre se produce durante los tiempos electorales, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado domingo que, si gana las elecciones, aplicará una deducción de 400 euros a cada contribuyente en su cuota del IRPF. La medida entraría en vigor en junio, afectaría a unos 13,5 millones de trabajadores y pensionistas y tendría un coste estimado de unos 5.000 millones de euros. Según fuentes socialistas, el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno decidiría la forma de aplicar esta deducción: entregando la cantidad de los 400 euros o restando de las deducciones mensuales del impuesto.

Como es lógico, las reacciones a esta promesa no se han hecho esperar. Y, como también es lógico, los comentarios han ido desde el más rendido elogio (al considerarla una medida realmente progresista), hasta la más completa descalificación (al tacharla de irresponsable y compradora de votos).

Con independencia de la forma que proponen, los dos partidos mayoritarios que se presentan a las próximas elecciones coinciden en que la reducción de la carga fiscal es una medida necesaria para paliar el efecto de la actual crisis en los mercados financieros y su previsible traslado a la economía real, como también ha recordado el nuevo director gerente del Fondo Monetario Internacional.

En efecto, para crear valor económico (tanto a nivel individual como colectivo) se requiere generar nuevos flujos de caja después de impuestos, que sean sostenibles en el tiempo. En este sentido, unas apropiadas política y planificación fiscales son elementos cada vez más importantes en la creación de riqueza.

Aceptando estas premisas, la cuestión relevante es: ¿hasta qué punto son apropiadas las medidas fiscales que promulgan el PP y el PSOE en sus programas económicos para las próximas elecciones? Dicho en otros términos, ¿qué se precisa para que estas medidas fiscales contribuyan a crear valor económico (riqueza) en los individuos y en el país?

Las siguientes reflexiones pueden ayudar a dar respuesta a esta cuestión.

l La rebaja fiscal debe ser continuada en el tiempo, para que genere flujos de caja adicionales sostenibles en el tiempo. No se trata de improvisar y/o mantener posturas meramente reactivas. Se equivocaría el partido que considerase esta medida como algo extraordinario para hacer frente a una situación extraordinaria.

l Bajo la perspectiva del contribuyente, no tiene ningún sentido pagar por adelantado para recuperar después el dinero. Anticipar el pago de los impuestos puede ser muy loable desde el punto de vista patriótico, pero raramente genera valor económico. En este sentido, se debería considerar una reforma fiscal en temas que afectan al pago de los impuestos (tramos, mínimos exentos y retenciones).

l Ya que hablamos de rebajas, ¿qué pasa con el impuesto sobre sociedades? Una disminución en este impuesto generaría mayor liquidez en las empresas y aumentaría la capacidad de financiación de proyectos generadores de valor, con la consiguiente mejora en competitividad y crecimiento sostenible.

l En cualquier caso, junto con las rebajas fiscales se debería hablar también de un mayor control en el gasto público, especialmente en las partidas discrecionales y de escaso contenido social.

l En los últimos años, la economía española ha acumulado una serie de desequilibrios que la hacen más vulnerable en un entorno globalizado más incierto. Una política fiscal orientada al valor económico puede ayudar a corregir esos desequilibrios.

Estamos a punto de adentrarnos en el mes de febrero, que en España suele ser sinónimo de súper rebajas y, en este año, de campaña electoral. Como es conocido, los periodos electorales son pródigos en ofrecimientos generosos y propósitos de mejora. Que estos deseos se conviertan en realidad dependerá, entre otros factores, del realismo y razonabilidad de las medidas propuestas, y del seguimiento de las mismas que llevemos a cabo los electores.

Francisco J. López Lubián Profesor de Finanzas del IE Business School