Sol, playa y qué más

Ver a jóvenes turistas extranjeros coger un aparato de televisión de la habitación de su hotel en Baleares para arrojarlo por la ventana a la piscina del establecimiento en plena embriaguez resulta preocupante. No es ni mucho menos representativo del tipo de viajero que llega a la costa española en vacaciones, pero hay que reconocer que es un perfil de turista -joven, de escaso presupuesto y cuya estancia gira en torno al alcohol- en aumento (o al menos con creciente presencia mediática). Lo cual no beneficia especialmente la imagen de España como destino e invita a hacer una reflexión sobre si mejora la competitividad del país como receptor.

¿Es competitivo el modelo turístico español, principalmente basado en el sol y playa? ¿Está en condiciones España de mantener su penetración como destino ante la pujanza de otros del Mediterráneo y Caribe? Desde Sol Meliá apuntan que es creciente la pérdida de competitividad del modelo turístico español, lo que incide de forma "muy directa" en el sector hotelero. Esto da lugar a destinos cada vez más deteriorados, que pierden atractivo, lo que degenera en una guerra de precios entre establecimientos. Enfrente, están plazas como Croacia, Egipto, Bulgaria o Grecia. Muchas compañías españolas están presentes en estos países y comprueban "de primera mano" que la oferta es nueva y de buena calidad, que es imposible competir en precios con ellos y que sus Gobiernos apoyan con fuerza el turismo por considerarlo motor de arrastre para la economía. Y lo hacen, por ejemplo, subvencionando las tasas aéreas para favorecer la entrada de estos destinos en la planificación de las aerolíneas y touroperadores..

Un portavoz de un gran grupo turístico español considera que el hotel pequeño, de tres estrellas, antiguo y en segunda línea de playa lo tiene muy difícil para sobrevivir. Y apunta que España como receptor debe hacer dos cosas. Por un lado, explotar mejor determinadas cualidades a la hora de vender el destino, como es el caso de la seguridad que ofrece el mercado español para el turista frente a otros lugares más inestables. Y, por otro, abandonar el modelo multimarca: es necesario agrupar más la oferta y no salir fuera a comercializar 500 destinos de playa distintos. Egipto se vende como Egipto y Turquía como Turquía. Pero en España la oferta se atomiza y pierde fuerza.

España debe reposicionar su oferta, comentan en Sol Meliá. El sol y playa no está agotado, pero hay que evolucionar en dos direcciones: la sostenibilidad (los turistas buscan destinos integrados y respetuosos con el entorno) y la diversificación y la desestacionalización (complementar la oferta de playa con atractivos deportivos, culturales, de ocio, bienestar, salud). La burocracia española, multiplicada por las legislaciones autonómicas, es una de las razones que explican que las principales cadenas españolas se decanten también por abrir más hoteles en el extranjero que en España.

Episodios como el de Thomas Cook, que ha recortado un 5% los pagos pendientes a los hoteleros para compensar sus pérdidas por el volcán, han dejado a la luz la relación de excesiva dependencia que muchos empresarios tienen con touroperadores internacionales.

La reorientación, más que cambio, del modelo turístico español no debe quedar en el plano teórico. Requiere de actuaciones concretas por parte de las administraciones. Para caminar hacia un nuevo modelo turístico es necesario primero resolver el problema de la financiación local y especialmente la de los municipios turísticos, que deben proporcionar servicios de calidad al visitante cuando las arcas locales están vacías. Algunas localidades de sol y playa triplican o cuadruplican su población en temporada alta, con lo que esto significa en gasto para ofrecer iluminación, servicio de recogida de basuras, transporte o sanidad. Una factura que se pudo asumir en tiempos de bonanza, cuando los impuestos derivados de la actividad constructora, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aportaban casi el 20% de los ingresos, pero que ahora no se puede pagar, más aún con la prohibición para endeudarse a largo plazo.

Por ello, los municipios turísticos, a través de su representante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), siguen presionando al Ejecutivo para que retoque una ley, que data de 2002, y que tan sólo afecta a 21 municipios españoles, que se ven beneficiados con un 2,5% de lo que recauda la comunidad autónoma dónde se asienta por la venta de tabaco e hidrocarburos. En total reciben unos cuatro millones de euros al año, de los que un 25% se los lleva el municipio mallorquín de Calviá. Para recibir fondos, los municipios tienen que tener más de 20.000 habitantes censados, no ser capital de provincia y tener más de un 50% de camas turísticas, lo que deja fuera del reparto de fondos a localidades como Benidorm. Toda una contradicción si se tiene en cuenta que esta ciudad registra más de diez millones de pernoctaciones al año, lo que supone un 4% del total nacional. De hecho, el consistorio de esa localidad calcula que pierde un millón al quedarse fuera del grupo de localidades consideradas turísticas.

La reconversión tan ansiada de los destinos turísticos también puede verse frenada por las dificultades para concitar los intereses de hoteleros, residentes, comercios y administraciones. Un buen ejemplo de este choque se ha producido en el Plan de Acción Integral en la playa de Palma de Mallorca, que contaba con una inversión prevista de 4.000 millones para rehabilitar 2.290 viviendas y 12.900 plazas hoteleras.

Ese plan, con una duración de quince años, era el primero para remodelar los destinos turísticos maduros de sol y playa y debía haberse iniciado en octubre. En la actualidad se encuentra paralizado sine díe por las protestas de los hoteleros y sobre todo de los vecinos. Estos últimos constituyeron una plataforma para frenar el derribo de las 360 viviendas y de los 100 centros comerciales previsto en el plan. Iniciaron un calendario de movilizaciones a escasos meses de las elecciones y el presidente autonómico, Francesc Antich, decidió parar la aplicación del mismo ante la posibilidad de que se abriera una etapa de conflictividad

Pero no fue el único colectivo que alzó la voz. También los hoteleros se mostraron contrarios a un plan que preveía hacer desaparecer entre el 30% y el 60% de las 43.000 plazas hoteleras y obligaba a remozar la planta para conseguir una media de cuatro estrellas en la planta hotelera cuando en la actualidad no llega a 2,9. Para los empresarios habría sido mucho más sencillo facilitar la salida a aquellos que quisieran cerrar sus negocios en lugar de establecer derribos arbitrarios.