Sinde reflota de sus cenizas
La famosa ley Sinde suscita amores y odios por igual. Y lo cierto es que es normal que así sea, habida cuenta de lo difícil que resulta, tanto para unos como para otros, encontrar un punto de equilibrio normativo que proteja a ambos. Es difícil posicionarse y apoyar un sistema judicial sui géneris como es la comisión de la propiedad intelectual pretendida por Sinde, y por otro, defender el importantísimo principio del acceso a la cultura, sin dejarse argumentos de peso.
Algunos se enfrentan a un sistema de distribución de derechos arcaico y desmedido, reclamando la urgente adaptación al nuevo entorno de una industria obsoleta, y otros, a un sistema judicial imposible de soportar en una época en la que, por ir al grano, se puede disfrutar de una película en el salón de tu casa antes incluso del estreno oficial en los cines. En fin, posicionamientos aparte, lo que sí está claro es que la ley parece haber reflotado, o quizás resucitado, en estos días, ya que tras un extendido plazo de enmiendas en el Senado, un consenso a última hora del PSOE, PP y CiU puede haber dado una nueva cara al texto original que fuera rechazado en el Congreso.
El Gobierno parece haber cedido ante las presiones de los populares, realizándose importantes modificaciones respecto de la propuesta original. Fundamentalmente, y como cabía esperar, el poder judicial adquirirá un mayor y lógico protagonismo, apartándose de esa injustificada potestad otorgada a un órgano administrativo -la comisión de la propiedad intelectual-, y limitando sus funciones al arbitraje y a la protección de los derechos.
Los garantes judiciales estarán presentes e intervendrán en todas las fases, tanto en la identificación de los prestadores de servicios infractores como en la autorización para la clausura o retirada de las páginas o contenidos que vulneren derechos, previo aviso al infractor, eso sí.
También parece haberse dado un nuevo impulso, totalmente necesario, para regular la aplicación indiscriminada del canon por copia privada, a raíz de la sentencia del TJUE, obligando al Ejecutivo a prohibir la imposición del canon indiscriminadamente en un corto plazo.
Sinceramente, poca reforma para un asunto así. Valdría más reformar la industria -ejemplos como Spotify o Netflix lo demuestran- que seguir poniendo diques al mar. El ingenioso internet irá siempre más rápido que un Gobierno adormilado.
Pedro Merry Monereo. Abogado de CMS Albiñana & Suárez de Lezo