Servicio público

El comisario de Competencia de la Unión Europea exigía hace unos días al Gobierno español que modificase la garantía estatal a RTVE, en la forma del aval que el Estado presta a la emisión de deuda por parte del ente público. A juicio del comisario, tal respaldo supone una competencia desleal frente a las emisoras privadas.

Sin dicho aval, la probable imposibilidad de colocar la deuda emitida requeriría que el Estado incluyera en sus Presupuestos Generales la necesaria subvención para RTVE, reduciendo su déficit anual a cambio de incrementar el del Estado. Esta alternativa, totalmente correcta desde el punto de vista del rigor económico, es la que sugeriría la actual regulación de la competencia en la UE. Impondría, además, un mayor rigor presupuestario, que pudiera truncar el alarmante crecimiento de la deuda de RTVE, que se espera que ascienda a 6.224 millones de euros a finales de año.

La discusión acerca del coste de los servicios públicos reviste una enorme importancia porque su magnitud condiciona el gasto público y, con ello, el equilibrio presupuestario del país, y porque tiene en muchos casos connotaciones nada triviales de distribución de renta. La mayoría de los servicios públicos importantes, fundamentalmente en educación y sanidad, se ofrecen a los ciudadanos a un coste inferior al que se percibe que tendrían dichos servicios si fueran ofrecidos por el sector privado. Esta percepción es la que conduce, precisamente, a justificar la intervención pública pues, de ese modo, el Estado garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso al servicio, con independencia de su nivel de renta.

Lamentablemente, sólo contamos con percepciones, pues no es habitual que un Gobierno informe acerca del coste real de los servicios públicos. Sería claramente preferible que todo servicio público tuviera una factura que reflejase su coste, con independencia de que el Estado conceda una subvención total o parcial. Es deseable que la sociedad conozca cuál es el coste real de los servicios que recibe del Estado, aunque sólo sea porque la financiación de los mismos se hace a cuenta de los propios usuarios, a través de la recaudación tributaria. Así, los ciudadanos podrían pedir cuentas al Gobierno de su gestión, si considerasen que determinados servicios dentro del ámbito educativo o sanitario, por ejemplo, resultan demasiado caros. Parte de la clase política puede preferir que esta información sensible no se divulgue, pero la posibilidad de que los contribuyentes puedan pronunciarse acerca del uso que se hace de la recaudación tributaria es, sin duda, uno de los aspectos importantes de una economía verdaderamente democrática.

Se sustrae así de la sociedad el necesario debate acerca de si el coste, supuestamente más alto, del servicio ofrecido por el sector privado refleja su mayor calidad o, por el contrario, el servicio ofrecido por el sector público es al menos tan bueno como el ofrecido por el sector privado. La discusión acerca de la calidad de servicios comparables ofrecidos simultáneamente por los sectores público y privado es, sin duda, muy saludable, y conduce a que los ciudadanos puedan supervisar la calidad de la oferta pública.

A pesar del espectáculo a que asistimos en muchas sociedades desarrolladas, incluida la nuestra, no puede cargarse a la sociedad con un coste como el de RTVE únicamente para garantizar que el partido gobernante tenga un cauce de expresión no contaminado. Es, por el contrario, la discusión sobre el binomio calidad-coste lo que debe formar opinión sobre la conveniencia y la necesidad de la presencia del sector público en un determinado ámbito. Aparte de estos dos factores están, por supuesto, los de índole estratégica, cuando la presencia del Estado garantiza la oferta del servicio o bien público que por razones de rentabilidad el sector privado no ofrecería. æpermil;ste no es el caso de programación televisiva, hoy muy abundante y variada, en la que la presencia pública sólo se justificaría por una oferta cultural y formativa que a las emisoras privadas pudiera no resultar rentable. Este tipo de oferta, que sólo aplica a un reducido porcentaje de la emisión pública en España, es financiado directamente en otros países mediante subvenciones solicitadas de los usuarios. No hay mejor modo de recabar información acerca de la satisfacción con la calidad del servicio.