Seguridad laboral: la crisis no es excusa
En un tiempo como el actual, en el que todos los debates públicos se realizan en torno a la necesidad de adopción de medidas urgentes para salir de la crisis económica, pasan absolutamente desapercibidas las miles de muertes y enfermedades de trabajadoras y trabajadores que las malas condiciones de trabajo producen al año en nuestro país.
Rara vez los informativos incluyen titulares sobre la muerte o la enfermedad en el trabajo y si lo hacen tienen una escasa difusión, por lo que, según la máxima de que lo que no es noticia no existe, pudiera parecer que nuestra sociedad hubiera acabado con esta lacra.
Y sin embargo, existen. Y existen porque somos complacientes, porque los daños derivados del trabajo son considerados inherentes al mismo, porque se perciben como daños colaterales a la necesaria actividad económica, por lo que estamos obligados a convivir con ellos, forman parte de una maldición divina que debemos aceptar con resignación. Y los trabajadores y las trabajadoras están obligados a asumir cierto deterioro en su salud a cambio de un salario que les permita vivir.
Con esta concepción, tan asentada, no es extraño que el empresariado tenga una visión marcadamente economicista en materia de prevención, compran o venden prevención en el mercado porque el marco legislativo obliga a ello y la prevención prestada, con carácter general, se limita a cubrir los mínimos legales.
Si esta situación, complaciente con el sufrimiento, es por sí misma injusta, los intentos por reducir los costes en la actual coyuntura la agravan considerablemente. Una materia, la protección de la salud de la población trabajadora, considerada absolutamente secundaria para la mayoría de las empresas españolas, pasa a ser prescindible para abaratar los costes de producción.
La paralización de la actividad preventiva en la empresa es cada vez más evidente y las delegadas y delegados de prevención, con sus experiencias, dan buena cuenta de ello: dejan de realizarse evaluaciones de riesgo, se están suprimiendo actividades preventivas planificadas, disminuyen los recursos personales dedicados a la prevención, se suprime la vigilancia de la salud; todo ello alegando la inviabilidad económica de la acción preventiva o la prioridad de cualquiera otra actividad empresarial.
Tampoco parece que la Inspección de Trabajo esté siendo especialmente resolutiva en este sentido, pese a que los incumplimientos legales son numerosos, parece que se ha instalado una cierta permisividad para no ahogar a las empresas, sin duda, un error de gran trascendencia.
Asistimos, además, a una fuerte presión ejercida por las empresas para derivar los costes de los daños a la salud del ámbito laboral al sistema público de salud. Las patronales y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pretenden la rebaja de costes por la implantación de sistemas de gestión de las prestaciones cuya única traducción práctica es el ejercicio de la presión directa sobre las personas en proceso de incapacidad temporal para provocar su reincorporación a la actividad, aun a costa del derecho de las mismas a una recuperación adecuada en su enfermedad.
Reducir los periodos de incapacidad, sin introducir mejoras en la atención sanitaria prestada, se convierte en el único objetivo pese a que el actual sistema de notificación de las enfermedades relacionadas con el trabajo presente unos niveles alarmantes de subregistro, imposibilitando la implantación efectiva de políticas preventivas. Lo que no se conoce no se prevé y hoy las enfermedades relacionadas con el trabajo en España son grandes desconocidas, son prácticamente invisibles.
Por otro lado, las tasas de siniestralidad, que aun no siendo el único indicador de los daños ocasionados por el trabajo es el más utilizado, sólo ha presentado un descenso moderado en sus índices con la destrucción masiva de empleo provocado por la crisis, que ha afectado en mayor medida al empleo más precario e intensivo.
Pero todo parece indicar que estamos condenados a sufrir con toda la intensidad el incremento de dichas tasas cuando se recupere el empleo, fundamentalmente si se persiste en un modelo productivo basado en el trabajo intensivo y el empleo precario, porque la crisis está consolidando un paradigma preventivo de baja calidad, ajeno a la empresa y absolutamente mercantilizado, reforzando la consideración de la prevención como secundaria al sistema productivo.
Se trata, por tanto, el descenso de los índices, de un espejismo que no se sustenta en la mejora de la política preventiva y desaparecerá, sin duda, con los primeros síntomas de crecimiento económico, por lo que resulta difícilmente comprensible la autocomplacencia de responsables políticos y empresariales con estos datos.
Son 826 las muertes reconocidas en España en el año 2009 y muchas más las silenciadas que, en el marco de la celebración del 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, deben resonar en nuestra conciencia. Es inaceptable la poca atención que habitualmente suscitan, son muertes silenciosas, anónimas en la mayoría de los casos, y tenemos una deuda con todas y cada una de esas personas que mueren o enferman en su puesto de trabajo. Hoy, al menos, tenemos la obligación de recordarles y rendirles homenaje.
Marisa Rufino / Pedro J. Linares. Secretarios confederales de Salud Laboral de UGT y CC OO