Saber quién es quién en la fotovoltaica
Que las normas están para cumplirlas es una obviedad, aunque con demasiada frecuencia se acepta una permisividad poco justificada. Algo similar se podría estar produciendo con la energía fotovoltaica. Las plantas para casi la mitad de la potencia de esta modalidad eléctrica inscrita en el Registro de Preasignación (dependiente del Ministerio de Industria) en los tres primeros trimestres de 2009 no se han construido todavía. Y siguiendo lo publicado en el BOE, se exige que en el plazo de 12 meses -más cuatro de prórroga- deben estar volcando energía en la red. En caso contrario, las autoridades autonómicas deben ejecutar los avales que se les impuso en el momento de la inscripción.
Ante tal tesitura, las patronales fotovoltaicas han solicitado al Ministerio de Industria que exija a las Administraciones autonómicas que cobren los avales de aquellas instalaciones que han incumplido y que podrían rondar los 100 millones de euros. Y, después, Industria las dejaría fuera del mercado. La petición está más que justificada y confiemos en que todas las comunidades, sin excepción, cumplan con su obligación. Debería ser innecesario recordar a cualquier Administración cuáles son sus responsabilidades.
La medida se enmarca en la tensa y larga pugna que mantiene el sector con Industria para determinar la cuantía de las primas presentes y futuras para la energía fotovoltaica. La intención del Gobierno de rebajar la factura del déficit de tarifa es inaplazable, como lícita es la pretensión del sector de no caer en inseguridad jurídica con cambios de reglas sin negociación previa. Lo ideal es acercar ambas posturas, para lo cual es determinante saber qué operadores han cumplido con la norma y cuáles no. En principio, las condiciones eran igual para todos, por lo que aquellos que no han podido o querido aceptar las exigencias no deberían beneficiarse de trato de favor.
Evidentemente, la intención de las asociaciones fotovoltaicas es reducir el número de empresas con derecho a recibir primas. Su pretensión, en definitiva, es suavizar el recorte para aquellos que ya están instalados y funcionando. Aun así, no les falta razón en esta exigencia, máxime cuando sobre el sector planean dudas de fraude. Es imprescindible sacar del mercado a los incumplidores. Es posible que en ocasiones no lo sean de mala fe, pero otras veces han apostado por especular con los derechos que obtenían de Industria, revendiéndolos posteriormente.
También es preciso avanzar en la coordinación entre el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas. No sería de rigor que unas exigiesen los avales mientras otras optan por la laxitud con sus administrados. La ley está para cumplirla y hacerla cumplir, y no para buscar votos cautivos.