Reformas frente a la crisis del euro
Con irritante lentitud derivada de la compleja toma de decisiones y de los diversos intereses nacionales, estos días de marzo, partiendo de propuestas de la Comisión Europea y del task force liderado por Van Rompuy, instituciones comunitarias (Eurogrupo, Consejo, Consejo Europeo) van decidiendo los detalles del nuevo diseño institucional de la zona euro: un reforzado Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), la ampliación y flexibilización del Fondo europeo de rescate y el Pacto por el euro. ¿Cuál es la lógica económica-financiera de todas estas reformas?
El proyecto la eurozona no solo busca una moneda común en Europa, sino también que sea estable. Al estar integrada por economías muy diversas desde la perspectiva económico-financiera, la eurozona contiene un fatal desajuste institucional entre su pilar monetario (la política monetaria común) y su pilar económico (la política económica y financiera comunitaria). El pilar monetario lo sostiene una institución comunitaria autónoma respecto de los Estados (el Banco Central Europeo), pero el pilar económico-financiero carece de institución supranacional y de adecuados objetivos e instrumentos. Tal desajuste no facilita la estabilidad del euro, más bien lo contrario.
El PEC, aprobado en 1997 y reformado en 2005, ha resultado un instrumento inadecuado, dada su insuficiente definición de objetivos y la falta de voluntad política de aplicar sus compromisos. Centrado en el déficit público, el PEC no daba suficiente relevancia al criterio de la deuda pública y sobre todo ignoraba la importancia de los desequilibrios del conjunto de la economía nacional (entre salario y productividad, entre gasto y renta disponible, entre formación de capital y ahorro, y entre importaciones y exportaciones de bienes y servicios); desequilibrios que generan necesidad de financiación y endeudamiento exterior. De modo que el PEC vigilaba pero no disciplinaba las finanzas públicas nacionales, e ignoraba las privadas en general y las de los bancos en particular.
La crisis financiera todavía vigente demuestra que en una unión monetaria no solo importa el equilibrio de las finanzas públicas de los Estados miembros, sino también el de las finanzas privadas (sobre todo las de los bancos) y que las esferas pública y privada están interconectadas. El caso español es muy ilustrativo: los mercados financieros no prestan o prestan caro a economías cuya deuda pública no es muy elevada, pero tienen alto endeudamiento privado.
¿Y qué hay detrás del alto endeudamiento privado? Pues insostenibles patrones de gasto (burbujas de activos), modelos productivos poco competitivos e inadecuada formación de precios y rentas (indexación salarial y poca competencia en algunos sectores). Por eso, mientras no se reformen tales estructuras se seguirán reproduciendo desajustes financieros, socavando la estabilidad del euro. No basta con ampliar y flexibilizar el fondo europeo de rescate, hay que afrontar los problemas de la economía real. A partir de 2010, con la crisis de la deuda soberana, queda patente la inmadurez institucional de la eurozona, la debilidad/ausencia de su política económico-financiera y la necesidad de cambios institucionales. En ese contexto surgen la reforma del PEC, el rediseño del Fondo de rescate y el Pacto por el euro.
El Pacto por el euro que firman los Estados de la eurozona es pues la lógica contrapartida a la ampliación y flexibilización del Fondo de rescate; no porque haya sido exigida por Alemania y Francia, sino porque a medio y largo plazo los rescates financieros son meros parches si no se resuelven los problemas de la economía real.
El Pacto por el euro plantea objetivos financieros (sanear las cuentas públicas y las de los bancos) y objetivos reales (mejorar la competitividad e incrementar el empleo). No es cierto que se despreocupe del paro. Y entre las medidas que impulsa, no solo se encuentra la vinculación de los salarios a la productividad (y no al IPC), sino también otras que impulsan el empleo y la productividad (y, por tanto, posibilitan crecimiento salarial): mayor esfuerzo en capital humano y tecnológico, fomento de la competencia en sectores protegidos, mejoras en el entorno empresarial, rebajas de la fiscalidad de las rentas salariales bajas, reducción de la economía sumergida, aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y progresos en la flexiseguridad laboral, entre otras. El Pacto por el euro, en suma, recuerda a las economías europeas muchas asignaturas pendientes.
José Ramón de Espínola. Director del Departamento de Economía de Comillas-ICADE