Propiedad, alquiler y fiscalidad
El castigo fiscal a la propiedad redundante de vivienda ha culminado en una escalada política iniciada en 2002 por el Gobierno, cuyos destinos económicos dirigía entonces el hoy gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato. Esa receta la esgrimen ahora algunas comunidades autónomas como remedio mágico a los intocables precios de los inmuebles, mientras que más de un centenar de ayuntamientos analizan cuál es la mejor fórmula para replicarla.
Tras el anuncio político de Rato en 2002 de buscar las fórmulas para penalizar las viviendas vacías, la ley de Bases del Régimen Local recogió el guante y dejó para la regulación reglamentaria la determinación de qué es una casa desocupada. Pero tal reglamento sigue sin existir y Hacienda dice ahora, con atinado criterio, que es jurídicamente imposible definir qué es una casa deshabitada para que pueda ser objeto de recargos fiscales. Considera, además, confiscatoria toda imposición de cánones.
La proximidad de las elecciones municipales y estas iniciativas fiscales por parte de algunos gestores autonómicos poco cuidadosos con el derecho a la propiedad privada, ha reavivado un debate recurrente. El derecho a la propiedad y la aspiración constitucionalmente reconocida a una vivienda digna pugnan de nuevo, mientras un amplio colectivo es excluido por un mercado que ha duplicado los precios desde 1998, con incrementos históricos en las compras. Madrid ya quiso duplicar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las casas vacías; el País Vasco ha puesto un canon diario de nueve euros a las viviendas desocupadas de protección oficial, extensible a las libres; y Cataluña quiere replicar esta fórmula, tras amenazar con la incautación temporal de las viviendas no utilizadas.
Más útil que estas medidas, que pueden poner en tela de juicio el respeto a la propiedad privada y bordean la letra y el espíritu de las normas, sería tratar de responder a esta pregunta: ¿por qué los tres millones de propietarios que tienen casas vacías renuncian a una renta regular de alquiler de, por ejemplo, 1.000 euros al mes? La respuesta no es difícil: tienen fuera del mercado su activo porque la norma no despeja la inseguridad jurídica en la relación propietario-inquilino o porque la incentivación del alquiler no es suficiente para vencer la resistencia del propietario, o por ambas cosas a la vez.
El Gobierno ha hecho un esfuerzo de medidas positivas para fomentar el alquiler, con la creación de una agencia de intermediación de alquileres. Pero la cultura de la población sigue volcada en la propiedad, pese a unos precios desorbitados que pueden sobrepasar en un 30% el valor real de los activos según el criterio de diversas instituciones nacionales e internacionales.
Todas las Administraciones deben clarificar el mercado para que funcione con normalidad. Y han de destinar energías a fomentar el alquiler, por esquizofrénico que resulte pensar que ya se ha hecho un esfuerzo descomunal en incentivar la compra en los últimos 25 años, en una política que seguramente es en parte responsable de la imparable carrera de precios. El camino no es el castigo a la propiedad, sino un cambio legal eficaz que estimule el mercado de alquiler.