Productividad, salarios, inflación y empleo
Los sindicatos no terminan de consolidar una relación estable con la economía tras tres décadas y media de democracia industrial. Han viajado del frentismo reivindicativo inicial al más manso de los consensos, haciendo largas acampadas tanto en los favoritismos políticos disfrazados de pactos, como en guerras sin sentido en las que su clientela era la víctima exclusiva. Un recién llegado tendría verdaderos problemas hoy para identificar la fibra inmutable que compone el tejido de la estrategia sindical, que unas veces construye y otras destruye, y con frecuencia con el paso explícitamente cambiado.
Con más poso político que sindical, los dirigentes de las centrales en España han tardado más de lo normal en llegar a la conclusión de que los intereses de sus representados estaban en la generación de empleo, puesto que esa era la mejor forma de distribuir riqueza aunque pasase por que a las empresas les fuese bien. Por ello han practicado poco tales planteamientos y los han puesto en revisión a poco que cambie el viento de la economía. Y por ello hoy se aferran también como a un clavo ardiendo a un mecanismo de determinación de salarios, indizarlos con la inflación, que desprecia las variables que tejen el crecimiento económico, y que solo garantizan el poder adquisitivo de los trabajadores que conservan el empleo y tienen convenio.
En el pasado la indización salarial con la evolución de los precios se reveló como un mecanismo de garantía de poder de compra primero, y como un ariete de control de la inflación después, y proporcionó, mientras tanto, el bálsamo de la moderación salarial, que ha sido uno de los activos esenciales para estabilizar la economía, generar crecimiento y repartirlo, fundamentalmente vía empleo.
Pero las circunstancias han cambiado. La transición económica ha culminado con la integración de España en una zona monetaria única en la que política cambiaria y monetaria son impuestas, y donde solo son manejables, y con crecientes limitaciones, las presupuestarias y liberalizadoras para mejorar la competitividad de la economía. Durante los diez años en los que hemos estado en la zona euro, las políticas de determinación de costes y precios han provocado la pérdida de cerca de quince puntos de competitividad con los países centrales de la zona euro. Solo el descontrol en los costes y los precios ha llevado a España a la postración competitiva en la que está frente a las economías manufactureras de la zona euro.
Por tanto, la indización salarial, principio sindical que se extiende como una mancha de aceite con la estructura rígida de los convenios colectivos, y que solo sirve para santificar el poder sindical y patronal, es ya un pasivo amortizable en al acervo económico. Un pasivo que debe dejar paso a herramientas que tengan en cuenta la productividad lograda en cada empresa, ni siquiera en cada sector, para determinar qué costes proporcionan longevidad a su actividad y le permiten ganar cuotas adicionales en un mercado abierto a la competencia más feroz.
Algo tan simple como esto es lo que la canciller alemana, Angela Merkel, ha sacado a debate para que se aplique en economías que pretendan competir en el mundo y dar vigor al euro. Algo que Alemania practica hace décadas y que es causante de parte importante de su éxito frente a países con modelos trasnochados como el español. En España la doctrina económica apadrina esa solución hace lustros, pero no ha podido convencer a la opinión pública porque un crecimiento desmesurado alentado por la financiación barata ha encubierto las imperfecciones de los mecanismos de determinación de costes y precios.
Los salarios deben ajustarse de una vez por todas a la productividad de cada empresa, sin agotarla, para que disponga, tras compensar a la plantilla, de margen suficiente para remunerar al capital, reinvertir en ampliación del negocio y mover la rueda del empleo. Ajustarlos a la inflación, como ha ocurrido en enero con subidas del 3%, es meter una presión insostenible a las empresas, que seguirán haciendo el ajuste vía cantidad (despidos) ante la imposibilidad de hacerlo vía precio (salarios). Por ello, el acuerdo marco a tres años firmado hace justo un año es un marco vacío, que, salvo descuelgue generalizado, es un arma letal para una economía con más de cuatro millones de parados y la demanda interna congelada.