Prejubilados y la medición del desempleo
En España existen diferencias para la medición del paro entre las instituciones encargadas de suministrar dicha información. Así, a 31 de diciembre de 2007, el Instituto Nacional de Estadística, a través de la encuesta de población activa (EPA), contabilizaba del orden de 1.928.000 personas desempleadas, y los Servicios de Empleo de las comunidades autónomas, responsables de atender y clasificar a cada desempleado, una cifra superior, 2.130.000, es decir, 200.000 más.
En las estadísticas del paro que elaboran los Servicios Públicos de Empleo no todos los ciudadanos que demandan empleo son considerados parados. En concreto, personas que ya tienen una ocupación pero que desean cambiar, jubilados con más de 65 años, demandantes de empleo inferior a tres meses o con menos de 20 horas semanales, estudiantes, perceptores de un subsidio agrario y aquéllos que rechazan acciones de inserción laboral. Clasificación que data de 1985 y que no ha variado desde entonces.
Existe, sin embargo, un colectivo que figura en las estadísticas de paro y que por contrapartida no demanda empleo. Son los considerados prejubilados, cuya figura no existe legalmente sino sólo la de jubilación anticipada para mayores de 60 o 61 años que hayan cotizado al menos 30 años, y que es anterior a la jubilación propiamente dicha, marcada por ley a los 65 años.
En este sentido, en España hay cerca de medio millón de personas, con más de 52 años, inscritas en las listas del paro. Entre ellos, un 23% (115.000), prejubilados, perciben prestación económica por mayores de 52 años como paso previo a la jubilación. Dicho colectivo, en algunos países, como Francia, no los contabilizan en los listados de desempleo, lo contrario de España, que sí que figuran.
Son muy habituales los expedientes de regulación de empleo que ofrecen la prejubilación a sus trabajadores de más de 50 años. En muchas ocasiones, tras dos años de seguro contributivo de paro, pasan a cobrar el subsidio, aplicable a los mayores de 52 años. Durante este tiempo, algunas empresas establecen determinadas compensaciones económicas con el fin de apoyar económicamente al trabajador. Para algunos expertos éste es el mecanismo mejor considerado ante la necesidad de reducir efectivos, al menor coste posible, minimizando los conflictos sociales.
A pesar de que el debate sobre la población activa de edad avanzada está adquiriendo cada vez mayor relevancia en la agenda política europea pocas empresas reaccionan activamente ante al cambio demográfico (envejecimiento y mayor esperanza de vida), y no son conscientes de su utilidad social.
Un informe de Eurofund, con sede en Dublín, señala que las empresas tendrán que contar cada vez más con la experiencia y la especialización de los trabajadores de más edad para garantizar un desarrollo sostenible de la Unión Europea.
Todo parece apuntar que el debate sobre el paro -gane quien gane- continuará en la próxima legislatura. De hecho, normalmente es una de las mayores preocupaciones de los españoles, según el CIS. La incidencia de las prejubilaciones en la economía origina un efecto estadístico que distorsiona la fotografía real del mercado laboral. El fenómeno de los prejubilados tiene una lectura mucho más amplia.
Por todo ello, los listados de paro hay que racionalizarlos y situarlos en su justa dimensión. No creemos que las decisiones electorales vayan a depender de ajustes en la medición del paro. Una buena información puede permitir un uso adecuado en la asignación de recursos para activar políticas de empleo, según los casos. En definitiva, y como decía Keynes, la información es la materia prima de una buena decisión.
Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón