Política fiscal para adultos
En el curso de los últimos años hemos asistido a una creciente infantilización del discurso sobre la política fiscal. Comenzó con el Gobierno anterior, que lanzó el eslogan de menos impuestos, más seguridad. Si ello fuera cierto, podríamos añadir menos impuestos, más sanidad, menos impuestos, más carreteras y llegar al corolario de ningún impuesto, mejoras de todos los servicios públicos. Dejando aparte el caso de menos impuestos, más comida que cabe asociar con el episodio bíblico del maná, puede constatarse que desde el Nuevo Testamento ningún Gobierno ha podido llevar a cabo tal milagro.
Con el Gobierno actual, el eslogan fue el bajar impuestos es de izquierdas, asociado a la reforma del IRPF de 2006.
Sin embargo, en el mundo real normalmente hacen falta más impuestos para tener más y mejores servicios públicos y tanto los Gobiernos de izquierdas como los del centro y la derecha tienen que replantearse su política fiscal cuando las circunstancias económicas cambian radicalmente.
Plantear el debate como impuestos sí o impuestos no es un simplismo del que deberíamos huir. Los impuestos, como las pruebas médicas molestas, son algo que no se justifica por sí mismo, sino como el medio para alcanzar un fin superior; el nivel de bienes públicos decidido socialmente, en un caso, o el mantenimiento de un buen estado de salud, en otro.
En el contexto de la actual crisis económica, lo relevante es cuáles son las prioridades del sector público español y cuánta política expansiva nos podemos permitir, porque la sucesión de déficit equivalentes al 10% del PIB no es sostenible.
A partir de aquí, si estamos dispuestos a manejar la política fiscal en la edición para adultos, no podemos empezar por el capítulo de cuánto vamos a subir los impuestos; antes deberíamos mirar los correspondientes a para qué vamos a subirlos -y si existen alternativas a esta subida- y finalmente, cuáles vamos a subir, si decidimos hacerlo y qué Gobierno debe hacerlo.
Respecto a para qué puede ser admisible una subida de impuestos, creo que cabe admitir como legítimo hacerlo para proteger a las personas más golpeadas por la crisis económica, pero que no tiene sentido mantener unos planes de empleo local que contribuyen poco o nada a aumentar la eficiencia del sistema económico o la competitividad. Dedicar cuantiosos recursos a proyectos de más que dudosa utilidad, que son fundamentalmente un medio de encubrir temporalmente el desempleo, es un despilfarro social
Respecto a las alternativas, está la posibilidad de recurrir a las tasas y precios públicos en muchos casos, porque servicio público y gratuidad universal no siempre deben ir de la mano (¿por qué hemos de subvencionar a todos los estudiantes universitarios y éstos pagar menos de matrícula que por el seguro del coche en el que se desplazan al campus?).
Respecto a cuáles son los impuestos candidatos a una subida, parece que caben pocas dudas respecto a la idoneidad del IVA para una medida de este tipo. Sus efectos inflacionarios son poco de temer en la actual coyuntura y respecto a su incidencia sobre el consumo, pocas dudas caben que es la elevada tasa de paro de la economía española y no los tipos del IVA el factor que más influye en los niveles de consumo.
Junto al IVA, los impuestos especiales y el IRPF son los principales candidatos. Los impuestos especiales, que gravan bienes de demanda inelástica, son un buen seguro de recaudación en la actual coyuntura y respecto al IRPF, puede ser el momento para devolverle algo del carácter sintético que justifica su progresividad, que con el impuesto actual sólo se aplica plenamente sobre las rentas de trabajo.
Finalmente, aunque a algunos puede parecerles una obviedad que las subidas impositivas debe llevarlas a cabo el Gobierno, debemos recordarles que la realidad es más compleja y que en un país descentralizado como es España tenemos diversos niveles de gobierno. Si el objetivo es combatir los efectos de una crisis económica de gran magnitud, las principales decisiones fiscales deben correr a cargo del Gobierno central. Aunque sobre este asunto no caben muchas dudas, existe un problema que ha recibido poca atención y que conviene aclarar cuanto antes.
En el nuevo acuerdo de financiación autonómica se ampliaron los porcentajes de cesión tributaria de todos los grandes impuestos del sistema fiscal (IRPF, IVA e impuestos especiales).
El citado acuerdo se tomó en un determinado contexto de tipos de gravamen. Si ahora el Gobierno central procede a una elevación de tipos, no parece lógico que se filtre parte de la ganancia recaudatoria hacia las Administraciones autonómicas, que no han sido corresponsables de esta decisión. Este asunto no está del todo claro en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio y debería ser despejado cuanto antes.
Como conclusión, si no sustituimos un debate político empobrecido y reducido a eslóganes por la confrontación de propuestas fiscales mínimamente desarrolladas y argumentadas, será difícil mejorar la eficiencia de la economía española y la calidad de nuestro sistema democrático.
Carlos Monasterio Escudero. Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo