Oportunidad para España
Los acuerdos alcanzados en la última cumbre de jefes de Estado del 11 de marzo están lejos de un pacto de máximos que permita superar los problemas de la crisis soberana en Europa, pero han ido más allá de lo que los mercados esperaban, de manera que los resultados pueden valorarse con moderado optimismo. El Pacto por el Euro implica la adopción de un conjunto de propuestas que aumentan la coordinación de las políticas económicas entre los países europeos. Estas propuestas comprenden la evaluación de los costes laborales unitarios, medidas que refuercen la relación de los costes salariales con la productividad y que aumenten el crecimiento de ésta última, políticas que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo, reglas que aseguren la sostenibilidad de las cuentas públicas (incluida la del sistema de pensiones), normas que refuercen la estabilidad financiera o la armonización de la fiscalidad sobre los beneficios empresariales. Todas ellas son reglas útiles a medio y largo plazo para aumentar el crecimiento de la productividad y del empleo, y para evitar la reaparición de algunos de los desequilibrios a los que hemos tenido que hacer frente en los últimos años. Desequilibrios que han puesto en duda la fortaleza de la moneda europea y que han generado una excesiva incertidumbre en los mercados financieros. Por lo tanto, el Pacto por el Euro es bienvenido para reforzar la eurozona y debería tener su continuidad cuanto antes en nuevos acuerdos en la cumbre del 24 y 25 de marzo, que permitan avanzar hacia una solución permanente de la crisis de deuda soberana en Europa.
Si para los países del la eurozona este pacto es una oportunidad para salir fortalecidos de esta crisis, esta oportunidad es aún mayor para España. Nos está costando mucho llevar a cabo, con la suficiente rapidez e intensidad, las reformas que nuestro país necesita para hacer frente a retos que en muchas áreas son más substanciales que para otros países europeos. Es cierto que se han producido avances importantes en distintos frentes como, por ejemplo, la reforma del sistema de pensiones, la consolidación fiscal en 2010 o el nuevo plan de reforzamiento del sistema bancario. Pero debemos ir mucho más allá, porque la tasa de desempleo es inaceptablemente elevada y porque la magnitud del ajuste fiscal es enorme, lo que genera una desconfianza que se refleja en una prima de riesgo excesiva para nuestra economía.
Durante los próximos meses los países europeos deberán someter al resto de miembros políticas nacionales especificas para cumplir con los compromisos del pacto. Además de perseverar con el máximo rigor en la reestructuración del sistema bancario (lo que es tanto o más importante que otras propuestas del pacto), en las políticas activas del mercado de trabajo, en la creación del fondo de capitalización para el despido y en la mejora de las regulaciones del mercado de trabajo, a corto plazo tenemos la oportunidad de avanzar decisivamente en dos áreas muy importantes del pacto.
Primero, mediante la modernización de la negociación colectiva. Tras más de una década en la que España tuvo un diferencial de inflación positivo con la UEM, ahora es necesario un periodo en el que se recupere competitividad mediante la moderación de precios y salarios, es decir, mediante una desinflación competitiva. A nivel micro, la mejora de la negociación colectiva debe propiciar una mayor heterogeneidad entre empresas, y aumentar la flexibilidad interna y la descentralización, de manera que los salarios sean más sensibles a la situación económica de cada empresa. A nivel agregado, debe asegurar que durante algún tiempo los costes salariales y beneficios de las empresas crecen en línea con el crecimiento agregado de la productividad, de manera que la inflación sea lo más reducida posible y quede por debajo de la del conjunto de la eurozona, para recuperar parte de la competitividad perdida. Aunque, dada la heterogeneidad existente, muchas empresas han conseguido mantener o incluso ganar cuotas de exportación a nivel mundial, a nivel agregado necesitamos mejorar nuestra competitividad para reducir la penetración de las importaciones, que sigue siendo muy elevada y genera un déficit de la balanza por cuenta corriente todavía importante.
Segundo, es necesario reafirmar el compromiso con la estabilidad fiscal mediante una regla fiscal que garantice un objetivo de equilibrio estructural a medio plazo, por ejemplo, en 2016. Una política de ajuste fiscal estricta, con un objetivo que vaya más allá del compromiso de alcanzar el déficit del 3% en 2013, ayudaría a reforzar la confianza de los mercados financieros internacionales, permitiendo una reducción del coste de la deuda pública y, por lo tanto, del coste financiero al que se enfrentan las empresas españolas. Para ello es imprescindible el compromiso firme no solo del Estado, bien avalado por su ejecución presupuestaria en 2010, sino el de todos los niveles de administración, particularmente de las comunidades autónomas.
Rafael Doménech. Economista Jefe de España y Europa de BBVA Research