Movimientos paralelos para recuperar crédito
España abandona poco a poco el territorio de riesgo en el que una política económica equivocada y una presión feroz de los mercados financieros la habían alojado en los primeros seis meses de este año. El giro impuesto por el Gobierno a la política fiscal excesivamente expansiva de los últimos dos años logró saciar parcialmente a los mercados, que volvieron a probar suerte con nuevas ventas masivas de títulos españoles, ya fueran públicos o privados, exigiendo esta vez reformas de determinados mercados que elevasen el crecimiento potencial. Tras unos cambios más nominales que de contenidos en la normativa laboral, los financiadores de España comenzaron a olfatear que las entidades financieras podían tener dificultades añadidas si los mercados interbancarios permanecían cerrados y no proporcionaban la liquidez suficiente. En una réplica política no bien coordinada, Europa ha decidido acabar con las especulaciones infundadas de los mercados con la publicación de las pruebas de resistencia realizadas a los 91 bancos más importantes de Europa y, de paso, repartir la presión y las sospechas de los inversores entre las entidades de todos los países.
Las informaciones conocidas sobre los resultados de tales pruebas de resistencia despejan las dudas sobre la solvencia de las entidades españolas, sometidas a circunstancias más extremas de crisis económicas que sus colegas europeas. Y el mercado ya lo ha admitido con subidas de las sociedades cotizadas muy notables en las dos últimas semanas, en las que se han conocido también los detalles últimos de la reforma normativa de las cajas de ahorros. Más profesionalización, fórmulas explícitas de recapitalización, despolitización de sus consejos, etc. Y todo ello con la posibilidad de prorrogar el fondo de rescate si fuese preciso para recapitalizar entidades tras conocer los test de estrés.
Pero esta batería de medidas no ha logrado todos los objetivos. No hay una flexión definitivamente bajista de la prima de riesgo de España, que se mantiene en el entorno de los 200 puntos básicos, que parece a todas luces un sobrecoste excesivo para las diferencias que aparecen en los fundamentales españoles y alemanes. Y no hay oxígeno todavía en los mercados interbancarios, necesariamente asistidos aún por el prestatario único en que se ha convertido el BCE. Se precisan, por tanto, más cosas: una profundización adicional en las reformas, una política monetaria más desprendida y heterodoxa del BCE, y una resolución sin dilación de la recapitalización de las entidades no solventes. Sumar los esfuerzos y hacerlos de manera paralela para que su efecto sea multiplicador.
Nunca es fácil recomponer la confianza en los demás, aunque sea muy fácil perderla. Por ello, cuando las dudas sobre España se han generalizado, los esfuerzos deben estar perfectamente planificados para que surtan el efecto buscado. Un nuevo fracaso en este punto puede desatar nuevos castigos a España, que se traducen en un encarecimiento de la refinanciación de la deuda pública y privada, así como en una pérdida de renta potencial para los particulares, ya sean tenedores de títulos del Tesoro o de participaciones directas en compañías cotizadas, o bien de fondos de inversión o pensiones.
Es responsabilidad del Gobierno, tal como se comprometió ayer en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, explicitar los recortes de gastos que harán posible cuadrar el techo de gasto fijado y llegar a un déficit que no supere el 6,2% del PIB en 2011. Es responsabilidad del Gobierno no desperdiciar el trámite parlamentario para poner en marcha una reforma laboral más ambiciosa que la aprobada por el Consejo de Ministros. Que reduzca los costes del factor trabajo y facilite la contratación; que le haga más fácil, en definitiva, la vida a las empresas existentes y a los nuevos emprendedores. Es responsabilidad del Gobierno no dejar para más tarde una reforma de las pensiones que garantice los niveles de protección, para dar estabilidad a la renta de los pasivos de hoy y de mañana.
En paralelo, el Banco de España debe apremiar a las cajas de ahorros para que utilicen los instrumentos que se han puesto a su disposición para capitalizarse, y someter a un acelerado proceso de liquidación a aquellas que puedan generar dudas sobre su viabilidad.