Moderación salarial y empleo
Uno de los tópicos más arraigados de nuestras relaciones laborales es el de la ejemplar moderación salarial que, a través de una no menos ejemplar negociación colectiva, hija en este punto de la nunca suficientemente ponderada concertación social, habría permitido nuestro envidiado crecimiento económico y nuestra asombrosa, hasta la malhadada crisis que nos sacude, creación de empleo.
La responsabilidad de los agentes sociales y su ejercicio de realismo estarían en la base de ese proceso virtuoso, seña de identidad de las relaciones laborales españolas desde la Transición. Y el último eslabón al respecto, particularmente valioso en una situación especialmente difícil que culminó con el desencuentro negociador obrero-patronal del año pasado, sería el Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AINC) en 2010. ¿Cómo puede haber entonces economistas que consideren que el ajuste salarial resulta imprescindible para atajar el proceso de destrucción de empleo sin parangón que padecemos? ¿Cómo puede haber quien sostenga que la inflexibilidad a la baja de los salarios, unida a la falta de flexibilidad en el conjunto de las condiciones de trabajo, es uno de los factores determinantes de que el empleo se convierta en el principal instrumento de ajuste de las empresas?
¿No se enteran de nada? ¿Son perversos liberales que quieren destruir el exitoso modelo social español? ¿O es que la moderación salarial tan ponderada esconde alguna trampa de la que no hemos sido conscientes? No voy a entrar en el debate acerca de si nuestra progresiva pérdida de competitividad debería atajarse, a falta de una moneda nacional que devaluar, mediante un ajuste a la baja del valor de los activos y de las rentas, pero sí a poner de manifiesto algunas incongruencias en relación con la pretendida moderación salarial de que hemos disfrutado.
La Unión Europea ha puesto de manifiesto en un informe que, en los años de vigencia de la Unión Monetaria, el nuestro ha estado entre los países cuyos costos laborales han crecido por encima del 2,5%, frente a aquellos en los que se han mantenido en el entorno del 1%. Es uno de los factores que explica que hayamos perdido un 20% de competitividad en el periodo, mientras Alemania ha ganado un 13%.
Incluso en los momentos más duros de la crisis económica, mientras en otros países europeos no crecían, hemos estado experimentando incrementos de los costos laborales y salariales inexplicables tanto desde el punto de vista del empleo como desde el de la caída de la actividad. La evolución del sector de la construcción, en ese sentido, durante el año pasado, desafía a la lógica económica.
Según la encuesta de costos laborales del INE, en el cuarto trimestre de 2009 el coste laboral por hora trabajada creció un 5%, si bien el dato desestacionalizado y corregido de calendario sitúa el porcentaje en el 3,6%. No deja de ser un dato sorprendente, y más sorprendente aún es el de la construcción, 6,1% y 4,1%, respectivamente.
No tenemos, pues, a pesar de los cuatro millones y medio de desempleados, y de la continua destrucción de empleo, una verdadera moderación salarial. Ni la hemos tenido en los años precedentes. Y hemos estado perdiendo competitividad a raudales.
Ello ha sido, por una parte, consecuencia de una negociación colectiva que ha hecho en ocasiones oídos sordos a las recomendaciones de los acuerdos interconfederales. Y, por otra, producto de una concepción de la evolución salarial vinculada a la marcha de la inflación y no a la de la productividad. No tendremos verdadera moderación salarial mientras los incrementos retributivos no estén cubiertos por incrementos de productividad. æpermil;ste es nuestro verdadero problema y sólo su mejora (entre otras vías, por medio de una mayor flexibilidad de las relaciones laborales empresariales) permitirá avanzar, sin consecuencias indeseables, en las mejoras retributivas.
Por eso, el AINC 2010 no supone ningún cambio. Los incrementos aconsejados, hasta el 1% este año, hasta el 2% en 2011 y hasta el 2,5% en 2012, y la previsión de recuperación de la inflación real al final del periodo, sin vinculación alguna a la productividad, quedan muy lejos de las necesidades de la economía y del empleo.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y Socio de Garrigues