CincoDias.com Opinión

Toda decisión de inversión empresarial exige un análisis profundo del binomio rentabilidad-riesgo asociado a la misma. En el caso de una inversión de carácter internacional, el segundo componente del binomio, además del riesgo estrictamente empresarial del negocio proyectado, engloba también el llamado riesgo-país, factor determinado por el grado de estabilidad económica y de seguridad jurídica asociados a la nación destinataria de la posible inversión.

La reciente historia empresarial española constituye una magnífica evidencia empírica del comportamiento de la inversión exterior. A partir de 1990 las empresas españolas redescubren Latinoamérica como destino potencial para sus recursos. El escenario temporal se caracterizaba por procesos de relativa liberalización y de privatización de empresas estatales en aquella región. Curiosamente, el ariete que abrió el camino a la inversión española fueron nuestras empresas públicas -Telefónica, Endesa, Iberia…-, aunque con relativa rapidez las privadas siguieron su estela, destacando al efecto las entidades bancarias.

El proceso inversor se desarrolló con cierto dinamismo durante la primera mitad de la década, pero es desde 1996 cuando se intensificó de modo significativo, coincidiendo con una etapa dulce de la economía española y con el conjunto de reformas -especialmente de carácter fiscal- que se realizaron en nuestro país para favorecer la internacionalización de nuestras empresas.

Así, 1999 constituyó el año récord de la inversión exterior española en Latinoamérica. En dicho ejercicio las empresas españolas invirtieron 28.000 millones de euros en la región, importe que representaba dos tercios de nuestra inversión exterior total, y el 40% de la inversión exterior mundial en el área.

Sin embargo, con el inicio del nuevo siglo se produjo un reflujo en el proceso inversor. A ello contribuyeron tanto el cierto enfriamiento de la economía española como el proceso político iniciado en diversos países latinoamericanos. En efecto, el inicio fue Chávez en Venezuela, al que luego seguirían Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador… En todos los casos, la existencia de tics pseudorrevolucionarios -en muchas ocasiones con tintes indigenistas-, unido a incendiarias soflamas nacionalistas han afectado a las expectativas de estabilidad económica en dichos países y en todo caso han provocado la volatilización de la seguridad jurídica para la inversión exterior. Otros países, sin coincidir con los mismos orígenes, sí lo han hecho con sus agresivas consecuencias hacia la inversión española -es el caso de Argentina-.

Existen varios ejemplos ciertamente ilustrativos. Los problemas de Repsol en Bolivia, sufriendo la nacionalización de los yacimientos petrolíferos, la amenaza de nacionalizar las instalaciones construidas y el continuo acoso y chantaje del Gobierno de Morales que han llegado a afectar a la libertad y a la seguridad personal de los directivos desplazados. También cabe citar el vía crucis soportado por el capital español -antes público, ahora privado- en Aerolíneas Argentinas, donde la coalición integrada por los sindicatos y empresarios locales, los medios de opinión porteños y el propio Gobierno argentino está próxima a arruinar el proyecto de inversión española en la compañía aérea.

Las cifras del descenso inversor son bien elocuentes. En siete años -los que van desde 1999 a 2006-, la inversión exterior en Latinoamérica descendió a la séptima parte en términos absolutos y a la ¡vigésima parte en términos relativos!, toda vez que en 2006 la inversión española en la región representó poco más de un 3% de nuestra inversión exterior frente al 65% de 1999. Evidentemente esta situación, con no ser positiva para la economía y empresas españolas, lo que resulta es extraordinariamente negativa para la economía y la población latinoamericanas, digan lo que digan los nuevos caudillos locales y sus esotéricos acólitos, como la OMAL -Observatorio para las Multinacionales en Latinoamérica-.

Expuesto lo anterior, no cabe duda que pensando en futuro -coyunturas e incertidumbres actuales al margen- Latinoamérica sigue constituyendo una atractiva ventana de oportunidades para el capital español. Varias circunstancias avalan esta afirmación. De entrada, el potencial de crecimiento de los países de la región es notable. En los últimos años, el PIB regional ha crecido a una media anual del 5%, aumento superior a la media española, en torno al 3%, y a la europea, poco más del 2%. En la misma línea, el comportamiento del Latibex -índice que agrupa la cotización de 38 valores de sociedades de los ocho países más importantes de la zona- ha resultado considerablemente más atractivo que el de nuestro Ibex-35. Y no puede obviarse un conjunto de intangibles que configuran una extraordinaria ventaja comparativa de la inversión española frente a la procedente del resto del mundo: comunidad de idioma, proximidad entre culturas, lazos de sangre, buenas relaciones entre las respectivas poblaciones…

Ahora bien, en la citada perspectiva de futuro, las futuras inversiones españolas en Latinoamérica deberían ir acompañadas de una agudización del criterio discriminante entre los posibles destinos; un mejor apoyo técnico y logístico proporcionado por un servicio exterior que ha de reformarse; y una defensa política firme y sin fisuras por parte del Gobierno español.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y consejero de Copisa