El Estado deudor
Un periódico de información general titulaba, tras el anuncio sobre déficit realizado por el Gobierno el pasado día 25 de enero: "El Gobierno salva el objetivo de déficit pese al incumplimiento autonómico". La realidad es muy distinta y voy a tratar de explicarlo en este artículo: El Gobierno salva el objetivo de déficit subiendo los impuestos, incumpliendo el sistema de financiación, generando más gastos a las regiones y recortándoles los ingresos que éstas emplean para sostener la sanidad, la educación y los servicios sociales.
El Gobierno ha generado e impulsado un agujero en las cuentas públicas españolas como nunca antes hubo, como consecuencia de una política de gasto desmedido desde su llegada al poder en 2004 hasta que en mayo del pasado año le obligaron desde el exterior a rectificar.
Aquellas políticas equivocadas condujeron a España a un agravamiento de su situación económica, que junto con una ausencia decidida de reformas mantiene a nuestro país en un elevado estancamiento con importantes tasas de paro, que se agravará con la política de subida de impuestos, especialmente, del IVA.
Y, en este contexto, el Gobierno de la Nación lanza mensajes afirmando que está logrando reducir el déficit e intentando culpabilizar del mismo a las comunidades autónomas por su gasto excesivo. Estos anuncios no pueden ser más desafortunados: la inestable reducción del déficit del Estado que ha hecho pública el 25 de enero se fundamenta en un incremento de ingresos a corto plazo, hasta que caiga la recaudación por la subida del IVA, cosa que sucederá en el medio plazo por descenso de la actividad económica, y se ha logrado en buena parte perjudicando a las comunidades.
Esto es así, porque dicho incremento temporal de recaudación lo recibe en su totalidad el Estado, pues la mayor recaudación que las regiones pudiesen obtener por la subida tributaria se lo compensa negativamente el Ministerio de Economía y Hacienda a través de un descuento por el mismo importe del Fondo de Suficiencia, que es uno de los mecanismos del sistema de financiación. Es decir, el Estado se aprovecha de todo el beneficio a corto plazo, pero hace partícipe a las comunidades autónomas de la futura caída de recaudación por descenso de la actividad en el medio plazo como consecuencia de la subida del IVA.
Con la caída de la actividad económica no solo descenderán los ingresos por IVA, también vendrá un descenso del empleo y, por tanto, de la recaudación por IRPF, que afectará negativamente a las finanzas regionales.
Además, no contento con eso, las comunidades autónomas se convierten en financiadoras directas del menor déficit del Estado al tener que soportar, como todos los ciudadanos, el incremento del IVA derivado de las múltiples operaciones económicas que realizan al prestar los servicios públicos y que están sujetas a dicho tributo.
Todo ello, incrementa el gasto público en las comunidades, al tiempo que reduce sus ingresos, en un marco en el que el grueso de competencias de mayor gasto recae en las administraciones autonómicas, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, mientras que el grueso de déficit y deuda de las administraciones públicas -nada menos que el 75% del total- lo genera el Estado-.
Por si fuera poco lo anterior, el Estado ha logrado mejorar sus cuentas incumpliendo los compromisos derivados del nuevo sistema de financiación desde sus primeros años de aplicación. Así, ha negado a las regiones 2.400 millones de euros de los recursos adicionales del sistema en el año 2010, olvidando las promesas que realizó de mejorar en 11.000 millones el modelo, hecho que se repetirá en 2011, año en el que el Estado tampoco aportará a las regiones 3.500 millones del fondo de convergencia y competitividad.
Nos encontramos, por tanto, ante una falsa austeridad del Estado, que se convierte en deudor ante las CC AA, tanto de manera directa, por negación de recursos acordados -amén de la negación de inversiones que sufre la Comunidad de Madrid por parte del Estado desde hace más de seis años-, como indirectamente, a través de pagar las consecuencias negativas de la subida del IVA y no participar en el incremento coyuntural de la recaudación.
El Gobierno tiene que unirse, definitivamente, a la ecuación de la prosperidad, que es la que aplica, en el margen de sus competencias, la Comunidad de Madrid, basada en la estabilidad presupuestaria, la rebaja ordenada y selectiva de impuestos y la reducción del gasto, al tiempo que debe cumplir sus compromisos y reducir su gasto de manera clara, y no a costa de que lo soporten y sufraguen las comunidades autónomas.
Antonio Beteta. Consejero de Economía y Hacienda de la comunidad de Madrid