España cambia lo que en Europa es modélico

Al Ministerio de Industria últimamente le dicen lo mismo actores económicos y sociales dispares. Se lo decimos las empresas, unas 1.500, que somos los motores del sector: 'No empeore las condiciones de las energías renovables y no cambie las reglas del juego en mitad de la partida'. Se lo dicen los sindicatos, que defienden los 200.000 puestos de trabajo que ya se han creado, que piensan en los otros 100.000 que pueden crearse hasta 2010 y que ven el fantasma de la deslocalización de las industrias: 'No empeore las condiciones de las energías renovables y no cambie las reglas del juego en mitad de la partida'. Se lo dicen las organizaciones ecologistas, que piensan en el cambio climático: 'No empeore las condiciones de las energías renovables y no cambie las reglas del juego en mitad de la partida'. Se lo dicen las entidades financieras, que tienen comprometidos miles de millones de euros: 'No empeore las condiciones de las energías renovables y no cambie las reglas del juego en mitad de la partida'.

Incluso el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dice algo muy parecido cuando habla del futuro energético del país: 'Tenemos que seguir apostando por las energías renovables'.

Y fuera de nuestras fronteras, la Comisión Europea, que está muy preocupada por la seguridad de abastecimiento y valora mucho que las renovables sean autóctonas, afirma sobre España: 'Es usted un modelo internacional del fomento de las renovables, especialmente de la eólica; continúe así'.

Sin embargo, Industria -¿o es más bien Economía, que tira la piedra y esconde la mano?- no escucha, a tenor de su modo de actuar. El pasado junio hizo saltar las alarmas con el Real Decreto-Ley 7/06. Esta norma, presentada sin interlocución con los afectados por ella, eliminó las garantías que otorgaba la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, generando con ello gran inseguridad jurídica, dificultando la financiación de los proyectos y amenazando el desarrollo del sector.

En ese momento se reprochó al ministerio el desaguisado perpetrado y se le pidió que lo enmendara. Con la promesa de hacerlo, se inició un periodo de interlocución con la industria para la elaboración de un nuevo marco regulatorio en sustitución del Real Decreto 436/04, la norma de referencia de las renovables en España, que desarrollaba la Ley 54/97 del Sector Eléctrico

Pero hete aquí que dicha interlocución se revela mayormente infructuosa a la vista de la propuesta que el ministerio remite a la CNE a finales de noviembre. æpermil;sta contiene medidas retroactivas y no pocas incoherencias internas que han asustado aún más a los inversores por el grandísimo riesgo regulatorio que pretende incorporar. El Consejo Consultivo del organismo regulador, formado por todas las comunidades autónomas y diversos actores principales de la energía, también ha criticado la propuesta.

España no se puede permitir, siendo la octava economía mundial, que se cuestione su seguridad jurídica. Además, si lo que se pretende es reducir el coste de las renovables para el sistema, las empresas ya habíamos aceptado la anulación de las primas cuando el mercado retribuyera en un determinado nivel. Entonces, ¿por qué todo este lío si el objetivo principal es fácil de obtener? ¿Por qué se elimina lo que funciona bien? ¿La Ley 54/97, que obliga a cubrir en 2010 el 12% de la energía bruta con renovables, no fue también aprobada por el partido hoy en el Gobierno?

Si esto no acaba en una regulación respetuosa con la norma vigente, será muy difícil mantener el mismo ritmo inversor y evitar que las inversiones se desvíen a otros países más propicios. Porque lo que necesitan las renovables se resume en la palabra estabilidad, justo lo que trajeron la Ley 54/97 y el RD 436/2004, y justo lo contrario a la discrecionalidad que se propone ahora.

Todo esto puede remediarse si la norma que finalmente entre en vigor corrige los defectos del RD 436/2004 -porque los tiene-, pero mantiene todo lo bueno que éste trajo al sector de las energías limpias y que están destacando todos esos actores que citaba al principio de este texto.

Eso sí, la mejor solución es elaborar una Ley de las Energías Renovables y que se empiece a considerarlas estratégicas, por ser autóctonas, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea, aquejada de un gravísimo problema de dependencia energética. Alguien tiene que abanderar estas propuestas. ¿Por qué no España, que está en una situación privilegiada para hacerlo?

José María González Vélez. Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)