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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una Directiva de Servicios sin descafeinar

El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, alertó ayer del peligro de que la transposición de la Directiva de Servicios quede desvirtuada por la influencia de los grupos de presión. Y advirtió que, como consecuencia de esto, se puede perder el "espíritu liberalizador y pro competitivo" de la norma que ha emanado del consenso en Bruselas. Como ejemplos, Berenguer pone dos de los incumplimientos más llamativos: por un lado, la posibilidad de que la futura ley mantenga la incompatibilidad de la profesión de procurador y de abogado; y, por otro, la decisión de dejar en manos de las comunidades autónomas la licencia de apertura de centros comerciales, en vez de eliminar todo tipo de autorización.

La advertencia del regulador de la competencia, muy activo en los últimos tiempos, es oportuna y acertada. La directiva ha sido claramente degradada en muchos de sus aspectos liberalizadores, y eso puede significar la pérdida de una oportunidad para mejorar competitividad de muchas actividades productivas. Sin embargo, Berenguer debería ampliar su punto de mira. Aunque los lobbies no están regulados en España -un trabajo pendiente de los administradores-, realizan de hecho una función necesaria al abrir cauces entre los gobernantes y los gobernados afectados por las decisiones administrativas. Su papel es influir, algo lícito siempre que se les exija que lo hagan por cauces transparentes. Y eso no significa que las Administraciones tengan que ceder a sus presiones. Conviene recordar, sin embargo, que las principales presiones que ha tenido que afrontar el Gobierno en algunas áreas no han procedido de sectores económicos o profesionales, sino desde las propias comunidades autónomas. La decisión de que los Ejecutivos regionales puedan impedir la instalación de centros comerciales es una medida proteccionista que no ayuda a la competencia.

Corresponde al Gobierno proponer las normas y al Parlamento aprobarlas. Y a estas instancias hay que pedir responsabilidades si la Directiva de Servicios nace viciada. Algo que por cierto, no sólo se ha denunciado desde la CNC.

Actualmente, el proyecto está en trámite de enmiendas en el Congreso. Todo apunta a que las propuestas de la mayoría de los partidos políticos no van a corregir estas desviaciones del espíritu liberal y favorecedor de la competencia que tiene la directiva. Las advertencias de Berenguer no deben caer en saco roto. Si así fuera, se perderá la oportunidad histórica de afrontar una verdadera reforma estructural para mejorar la competitividad de la estructura productiva española. Es una de esas normas que transforman a mejor la manera en que un país hace las cosas. Por eso el Gobierno no debe conformarse con una transposición descafeinada, y menos presumir de ello.

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