Déficit y deuda, ¿quién tiene la culpa?
El Estado se enfrenta a dos de los principales problemas que debe resolver con carácter de urgencia, un déficit alarmante y un nivel de deuda elevado. La raíz de todos los males la encontramos en el déficit, el Estado no gestiona de forma óptima los recursos, gasta más de lo que ingresa, la cifra es del 11,2 % del PIB.
Los causantes del mismo son, el Gobierno central con un 9,4 %, las comunidades autónomas con un 2 % y el sector público local con un 0,5%. Las Administraciones de la seguridad social presentan un superávit del 0,8%. La poca incidencia de los ayuntamientos queda clara.
Por otro lado, se presenta también a los municipios como los culpables de una deuda excesiva cuando la misma es del 5 % sobre el total de la deuda española. Para que el lector lo entienda mejor, el Gobierno central representa el 77 % de esa deuda.
Los préstamos que piden los ayuntamientos bien gestionados, normalmente, no son para financiar déficits. Estos piden créditos sólo para financiar inversiones reales en el territorio mientras que la deuda del Estado está financiando además de sus inversiones, una parte importante del déficit corriente generado y aquí es donde empiezan los problemas reales.
Si la ley establece que el límite de la sostenibilidad de la deuda de las Administraciones locales está en el 110% de los ingresos anuales, ¿porqué ahora el 75 % es un límite clasificador de los buenos y los malos?
Un ayuntamiento saneado puede tener perfectamente un ratio de endeudamiento superior al 75% de sus ingresos, podemos estar ante un consistorio capaz de producir un diferencial positivo con su gestión que le permite hacer frente a nuevas inversiones. Como cualquier empresa, lo importante es tener capacidad de generar un resultado de explotación positivo para hacer frente a los pagos de dichos préstamos. Es un error discriminar aquellas organizaciones que están por encima del 75 % sin conocer su resultado corriente.
No se deben solucionar los problemas de una mala gestión del gasto público corriente por la vía del recorte de las inversiones, si lo haces, pones en riesgo el crecimiento que ha de beneficiar a las generaciones futuras.
La cruda realidad es que muchos ayuntamientos no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago. Se pone de manifiesto que no existe una correlación entre los presupuestos, los estados financieros de las corporaciones locales y los flujos de caja de las mismas. Para que nos entendamos, se incurre en gastos no presupuestados o se presupuestan ingresos irrealizables mientras que el gasto es imparable.
Ante tanta confusión, lo único que está claro es que la gestión pública profesionalizada en las Administraciones públicas es un tema inaplazable, está en juego el conjunto de la economía y esta es una responsabilidad política de primer orden.
Jordi Joly Lena . Teniente de alcalde de Economía y Organización del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés