Cumbres y morosidad
Tras más de tres años desde el inicio de una de las crisis más graves de la historia reciente de España y del mundo se siguen sucediendo reuniones de alto nivel entre Administraciones y empresarios. Hace pocos días se citaron por segunda vez en Madrid los grandes empresarios con el presidente Zapatero. La reválida la daba luego Mariano Rajoy al mantener un encuentro con un centenar de pequeños y medianos empresarios y emprendedores. En ninguna de estas reuniones destacó, e incluso en algunas ni se mencionó siquiera, la cuestión eterna y fundamental de la lucha contra la morosidad.
En su encuesta anual, recientemente publicada, la PMcM mostraba con claridad la escalada de la morosidad en el sector público. A los seis meses de la promulgación de la nueva Ley 15/2010 de Medidas contra la Morosidad, el sector público paga en promedio tres días más tarde que en 2009, 157 frente a 154. En cambio, los pagos del ámbito privado se han visto ligeramente recortados, desde los 101 hasta los 93 días de media. La Administración, por tanto, sigue necesitando un 60% más de tiempo para liquidar sus deudas que las empresas privadas, una diferencia mucho mayor que la registrada en Europa. La mejora de la liquidez de las pymes requiere de un estricto cumplimiento de la Ley contra la Morosidad, una exigencia que desgraciadamente no se ha prodigado en las cumbres y reuniones de estos días.
Cabe recordar que, en virtud de la ley, las empresas privadas deberían pagar a sus proveedores en 85 días y las Administraciones, en 60, plazos que no se cumplen a juzgar por las estadísticas de la PMcM. Sin duda ayudarían a los pequeños empresarios los préstamos bonificados y las rebajas fiscales que promete Rajoy pero, por encima de todo, es necesario cumplir con la Ley contra la Morosidad en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y todo tipo de entes, empresas y Administraciones públicas, con independencia de su color político. La ley de los emprendedores puede ser una buena iniciativa, aunque conviene recordar el fracaso de la Ley de Sociedades Nueva Empresa, lanzada por el último Gobierno popular y que chocó con múltiples barreras en la práctica. Resulta fundamental, en cualquier caso, empezar con reformas en los aspectos más concretos, inmediatos y efectivos para la liquidez empresarial, como es el ingreso del IVA según el criterio de caja, que propugna la propia Comisión Europea, así como implementar la cuenta corriente con la Administración tributaria. Por encima de todo, y antes de plantear nuevas leyes, es imprescindible que se cumplan las que ya están en vigor, más aún cuando afectan a tantos empresarios en un momento tan delicado.
Josep González. Vicepresidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y presidente de Pimec