Crisis económica y seguridad jurídica preventiva
La grave crisis económica está golpeando a toda la sociedad española, tanto individual como colectivamente. El notariado español -unos 3.000 notarios- no es una excepción. Diría más: es uno de los colectivos que más intensamente está sufriendo esta recesión.
Los datos estadísticos oficiales que el Consejo General del Notariado aporta a la Dirección General de los Registros y del Notariado así lo demuestran: la contratación ha caído un 46% de media en toda España, con zonas que llegan al 70% si se comparan el primer trimestre de 2007 y el primero de 2010. Es indudable que los notarios se han visto arrastrados por una ola que ha anegado sectores que caminan muy en paralelo con sus propias actividades: inmobiliario y financiero.
Somos conscientes de que la más que difícil situación de España exige el compromiso de todos los actores sociales y económicos, por lo que el Gobierno siempre encontrará en el notariado su colaboración y cooperación solidaria y decidida para aportar soluciones en la recuperación económica. Pero también es cierto que se hace imprescindible -más si cabe en tiempos de crisis- un entorno que asegure una estabilidad económica del sistema de seguridad jurídica preventiva en beneficio de los ciudadanos.
El notario español es el funcionario público encargado por el Estado de garantizar la seguridad jurídica preventiva de todos. Pero, al mismo tiempo, es un profesional, un empresario, que da empleo a 20.000 personas en las 3.000 notarías repartidas por todo el territorio español por criterios sociales y no económicos. Los notarios compiten entre ellos, pero lo hacen en calidad y no en precios. Y es aquí donde conviene aclarar algunos conceptos.
El medio por el que se retribuye la función notarial -y por tanto el sistema con el que se financia la seguridad jurídica preventiva- es el arancel, que lo establece el Gobierno y se cobra directamente al usuario de los servicios notariales y no de los Presupuestos Generales del Estado.
Con el arancel el notario garantiza, además de sus ingresos, la cobertura de todos los gastos de funcionamiento y de conservación de las oficinas notariales, así como la retribución profesional de esos 20.000 trabajadores. También cubre las inversiones (50 millones de euros en los últimos años) en la modernización y universalización del uso de nuevas tecnologías, lo que está permitiendo prestar importantes servicios a las Administraciones, en aspectos tan necesarios como la prevención del blanqueo y el fraude fiscal. La posibilidad de realizar por vía telemática desde la notaría casi la totalidad de los trámites asociados a la escritura pública está suponiendo también un notable ahorro de costes al ciudadano.
Asimismo, el arancel garantiza que cualquier notario cobra lo mismo a cualquier persona en cualquier punto de España por idéntico servicio. Por tanto, garantiza el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su renta, a los servicios de la seguridad jurídica que prestan los notarios.
Tiene además un componente social que debe ser recalcado: algunos documentos notariales están socialmente primados para ser accesibles a todos los ciudadanos, como por ejemplo los testamentos o los poderes (su precio no supera los 40 euros), un importe claramente inferior a su coste.
Otros precios son variables, según el tipo de documento y su cuantía: por ejemplo, la intervención de un notario en la compraventa de una vivienda de 120.000 euros tiene un coste de unos 390 euros. Los aranceles notariales, de 1989, han sido sometidos a numerosos recortes, la mayoría para favorecer el acceso a la vivienda, y son los más bajos de la UE, sólo por encima de Portugal. Tampoco está de más recordar -porque apenas se sabe- que los notarios tienen el deber de asesorar de forma gratuita a los ciudadanos en diversos ámbitos como el empresarial, patrimonial, personal y familiar y sucesorio, aunque finalmente no se lleve efecto la escritura.
En resumen, el arancel notarial está concebido como un todo global, ya que los ingresos que generan un tipo de documentos compensan el trabajo que suponen otros. Es necesario ser cuidadosos, ya que la reducción del importe del arancel en determinados documentos descompensa este equilibrio.
Antonio Ojeda. Presidente del Consejo General del Notariado