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Tribuna
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Crisis y corrupción

La corrupción es el abuso de poder para beneficio propio y afecta tanto al sector privado como al ámbito público. Recientemente se hacía público el último Informe de transparencia internacional (IT) sobre el índice de percepción de la corrupción correspondiente a 2010, del que se deduce que el contexto social influye claramente en el índice de fraude de un país, es decir, que los países más ricos suelen ser los más transparentes o en los que menor índice de fraude se detecta. Efectivamente, entre los países que han mostrado un descenso en su posición respecto del año pasado, destacan aquellos más afectados por la crisis financiera, muy influida por la falta de transparencia.

La escasez de recursos no solo dispara la avidez corrupta, sino que recorta los instrumentos para perseguirla. Precisamente en el seno de las empresas y las instituciones públicas es donde se produce una de las mayores contradicciones respecto al fraude: mientras que los países más pobres son los más corruptos, en las empresas, los que más pérdidas producen a causa del fraude son los altos cargos, es decir, los empleados que tienen los sueldos más altos.

La Asociación de Profesionales Certificados de la Investigación Contra el Fraude (ACFE) realiza anualmente un estudio a nivel internacional, en el que se confirma, por un lado, que los actos de fraude y abuso son directamente proporcionales al número de empleados de las empresas y, por otro, que aunque casi la mitad de los fraudes son cometidos por empleados de bajo rango y solo el 16,9% por altos directivos y propietarios, las pérdidas que se producen como consecuencia del mal hacer de los empleados, sin embargo, solo representan el 11% de las atribuidas a altos directivos.

Esto significa que los empleados comenten más pequeños fraudes pero que la cuantía de éstos apenas es significativa comparada con las pérdidas globales. Además, según este estudio, los mecanismos para detectar estos fraudes de los altos ejecutivos lleva el doble de tiempo que los fraudes de empleados (24 meses frente a 13).

Estas cifras dejan patente la falta, todavía exhaustiva, de controles internos y la puesta en marcha de medidas preventivas para evitar el fraude. Y si empresas y Administraciones continúan en ese camino, seguiremos manteniendo viva la llama de la corrupción, algo que no beneficia a nadie y menos a los clientes y accionistas de empresas ni, en última instancia, a los ciudadanos.

Gertrudis Alarcón. Directora general de GAT Intelligence

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