Controversia sobre el déficit de tarifa eléctrico

En los últimos tiempos y al albur de la compleja y grave situación que vive el sector eléctrico, vemos con frecuencia artículos de opinión que tratan de analizar la situación del sector, sus dificultades y soluciones.

Entre las teóricas soluciones que se proponen me gustaría centrarme en una, que pasa por demostrar los supuestos beneficios indebidos que reciben las empresas del sector eléctrico, provenientes de sus activos hidráulicos y nucleares.

En lo que todos estamos de acuerdo es en el hecho de que el déficit tarifario, o sea, la diferencia entre la recaudación por tarifa que pagan los consumidores y los costes reales asociados, es insostenible y compromete seriamente a todo el sector, tanto a los consumidores como a las empresas, que actualmente lo soportan indebidamente en sus cuentas. Y el único responsable de dicho déficit es el único con las competencias para definir las tarifas: la Administración central.

Pero volvamos a la teórica solución de los beneficios indebidos de la nuclear e hidráulica pregonada por algunos. Los fundamentos que se esgrimen están basados en un anexo al informe de propuestas de tarifas realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) en 2008.

A mi modo de entender, el citado informe, al que periódicamente se hace referencia mostrándolo interesadamente como actual, contiene importantes inconsistencias en sus hipótesis y datos considerados, que trataré de explicar.

La idea básica sobre la que gira el informe no es otra que tratar de demostrar que gran parte de los problemas del sector eléctrico se deben a la aplicación de un precio marginal para la retribución de la generación eléctrica, y como las centrales nucleares e hidráulicas tienen un coste bajo cuando el precio lo fijan las centrales más caras, la diferencia entre el precio del mercado y el coste es todo beneficio para las mismas.

La primera inconsistencia es que con la palabra coste en verdad se refieren al variable y no al total, que incluye los costes fijos, que es el coste más relevante para ambas tecnologías. Con el precio del mercado, cualquier instalación recupera no sólo el coste variable sino también el fijo, cosa que olvidó incluir, entre otros olvidos, el informe de la CNE.

La segunda inconsistencia es criticar la fijación marginal de los precios del mercado eléctrico, cuando todos los mercados (no sólo los eléctricos) que conozco son marginales, independientemente de si las instalaciones están amortizadas o son de tecnologías diferentes. Nadie me ha presentado un mercado en que los agentes decidan vender a un precio que no sea el de mercado.

La generación eléctrica es una actividad liberalizada. La idea de tratar de controlar los beneficios, además de alguna de las tecnologías de producción, representaría una expropiación. Además de los problemas de ilegalidad y de ineficiencias que generaría, se plantearían incertidumbres sobre otros sectores, ya que la misma filosofía podría aplicarse a otras actividades liberalizadas de la economía española, con activos también amortizados o con empresas con mayores beneficios que los que tiene las eléctricas. ¿Por qué no requisar parte de los ingresos de los hoteles, o gasolineras, o empresas de cava, cuyas inversiones están amortizadas y se encuentran en ubicaciones estratégicas no accesibles para nuevos competidores?

La tercera inconsistencia es que la cifra de beneficios que tantas veces se ha referenciado, se sesgó al alza, aumentando los ingresos al considerar el escenario de precios del trimestre de mayores precios habido en la historia, extrapolándolo a todo el año. Las referencias posteriores se han encargado de congelar esos ingresos sesgados y así parece que todos los años son iguales. No se entiende por qué no se ha actualizado el informe con los precios del primer trimestre de 2010, de los más bajos de historia, y que habría llegado a la conclusión de que las hidráulicas y las nucleares no recuperan la totalidad de sus costes. Pero eso vende poco.

La cuarta inconsistencia es el sesgo (otro) a la baja de los costes de la hidráulica y nuclear, al considerar que estaban amortizadas, cuando en realidad no lo estaban. Los más que discutibles costes variables que fueron considerados, o la no consideración de los costes fijos de operación y mantenimiento, o los costes de estructura, o los de circulante, o de financiación, o de tributos o impuestos, todos ellos considerados nulos por la CNE. Demasiadas hipótesis erróneas. Afortunadamente muchos consejeros de la CNE no han seguido apoyando dicho informe. Pero desgraciadamente, las secuelas de los errores cometidos en el mismo prosiguen y pueden generar decisiones contrarias a un diagnóstico certero de la situación real.

La quinta y última incongruencia fue no realizar un análisis de coherencia de los resultados obtenidos contrastando las rentabilidades reales del sector con el Ebit del sector o con el ROE, que en 2007 fue del 6%. Sorprende que los beneficios extraordinarios de los que se habla eran casi iguales a todo el Ebit de todas las actividades eléctricas (generación, distribución y comercialización) en España.

Creo, por tanto, que la solución de reducir el déficit tarifario basada en los ingresos extraordinarios de la hidráulica y nuclear es incorrecta y errónea. Las soluciones hay que buscarlas en los pasos que se empiezan a dar, como la aplicación de la financiación del déficit de tarifas, la suficiencia de peajes de acceso para cubrir la totalidad de las costes regulados antes de 2012, los acuerdos con diferentes sectores del régimen renovable, como el eólico, termosolar, la liberalización del consumo, etc., y perfeccionando las soluciones de mercado.

Juan Ignacio Unda. Ex consejero de la Comisión Nacional de Energía (CNE)