Congelar los costes no es suficiente
El índice de costes laborales armonizados que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló ayer un estancamiento de estos en España durante el último trimestre de 2010. El coste por hora trabajada, descontados el efecto calendario y de estacionalidad, subió apenas un 0,1% en tasa interanual. Un dato que, sin ser malo, resulta insuficiente para un país en el que el desempleo roza ya los cinco millones y se ha convertido en la principal pesadilla de más del 80% de la población, como señala la última encuesta del CIS. Tras un tercer trimestre de 2010 en el que los costes retrocedieron por primera vez en una década, el objetivo a perseguir en los próximos meses pasa por lograr que esa tasa vuelva a decrecer.
El deterioro de la competitividad de España frente a las economías de su entorno más cercano no se detendrá a menos que la rebaja de los costes (tanto laborales como no laborales) se aborde no solo con seriedad, sino también con eficacia. Resulta absolutamente incontestable -excepto para quienes se empeñan en cerrar los ojos a la realidad económica que vive España- que ese ajuste a la baja debe acometerse por precio y no por cantidad, en contraste con lo que ha constituido casi una receta tradicional en las sucesivas crisis que ha vivido la economía española.
Al contrario que en esas otras crisis, España no cuenta ya con la posibilidad de hacer uso de instrumentos cambiarios y financieros para contrarrestar la pérdida de competitividad de sus empresas. Junto a la política fiscal, la rebaja de los costes salariales es, por ello, prácticamente la única herramienta de la que disponemos para recomponer los márgenes -e incluso las ventas, si esa reducción se traslada también a los precios finales-.
Aunque España tiene unos niveles de salarios todavía por detrás de otros países de la Unión Europea, la mitad de su PIB lo componen ya las rentas salariales. Ello se explica, entre otros factores, porque el crecimiento en los últimos años ha estado impulsado por sectores con gran concentración de mano de obra, como es el caso de la construcción o el turismo. En este contexto, es necesario avanzar en la reforma de una negociación colectiva que permita flexibilizar y ajustar la política salarial a la realidad de cada empresa. Esa reforma debe pasar por vincular el salario a la productividad real y desligarlo de la inflación, o al menos, indizarlo únicamente en relación a la inflación subyacente. También ha de avanzar en la limitación de la ultraactividad de los convenios -principal escollo en las conversaciones entre patronal y sindicatos- y por dar prioridad a los convenios de las empresas sobre los de ámbito nacional. En este como en muchos otros terrenos, la realidad se impone y no admite café para todos.