Competencia fiscal entre comunidades
El modelo tributario autonómico ha abierto la puerta a una competencia fiscal entre las comunidades que ha redundado, según el autor, en bajadas de impuestos, muchas veces sólo propagandísticas. La política iniciada por la Comunidad de Madrid está cambiando, en su opinión, este escenario y ha provocado un efecto dominó.
El ejercicio por algunas comunidades autónomas -con la de Madrid en la vanguardia- de la autonomía tributaria que les confiere el carácter descentralizado de nuestro modelo fiscal ha merecido críticas provenientes del Gobierno tripartito catalán. Según su consejero de Hacienda, se precisan normas estatales armonizadoras que limiten el margen de reducción de impuestos por los Gobiernos autonómicos. En la propuesta se dan dos paradojas pues, al margen de realizarla quien reiteradamente reclama mayor autonomía, resulta claramente asimétrica. Así, se solicitan límites a la reducción pero no para el aumento de impuestos. Paradojas al margen, la entidad del asunto sugiere un cierto análisis.
Es indudable que nuestro modelo fiscal autonómico abrió la puerta a la competencia fiscal, toda vez que se dotó a las comunidades autónomas de capacidad normativa sobre sus impuestos y sobre el tramo autonómico de determinados impuestos estatales. Desde el principio, resultó evidente que la introducción de la competencia fiscal entre autonomías desembocaría en reducciones de los impuestos, en cierto modo a imagen y semejanza de lo que acontece en los mercados de bienes y servicios, en los que -caeteris paribus-, a más competencia, menos precio. Al respecto, resulta ilustrativa la última reflexión de Jacques Chirac, al sugerir que Francia debe reducir en un 40% la tributación en el impuesto que grava el beneficio de las sociedades como mecanismo de defensa frente a la deslocalización empresarial.
Nuestra reciente historia fiscal no es sino la confirmación empírica de lo expuesto. Tan sólo existe como única experiencia en sentido contrario -subida de impuestos-, la protagonizada por Joaquín Leguina cuando intentó implantar su famoso recargo del 3% en el IRPF. Recordemos que una fuerte oposición ciudadana y la oportuna reconvención de Felipe González consiguieron que el intento se frustrase.
La cuestión a dirimir es si el ejercicio efectivo de la autonomía fiscal resulta o no positivo para los intereses generales
Por el contrario, en la dirección opuesta, han sido numerosos los Gobiernos regionales que han utilizado la capacidad normativa para aprobar un sinfín de deducciones autonómicas en el IRPF. Bien es cierto que, por lo general, la eficacia material de las mismas es muy limitada al estar diseñadas para que sean escasos los contribuyentes que puedan acceder a las mismas. El principal efecto de estas deducciones es marcadamente propagandístico, posibilitando que los Ejecutivos autonómicos publiciten pretendidas políticas sociales con un reducido -en ocasiones insignificante- coste económico.
Sin embargo, el escenario ha empezado a cambiar a partir de la nueva política fiscal emprendida por la Comunidad de Madrid. Su Gobierno regional ha apostado de modo decidido por rebajar efectivamente la factura fiscal al contribuyente madrileño y, entre otras medidas, ha aumentado el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio, ha disminuido en un 43% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de vivienda a las familias numerosas, ha eliminado en la práctica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las habidas entre padres e hijos, cónyuges y parejas de hecho, y ha reducido en un punto porcentual el tipo impositivo del IRPF.
Esta orientación vanguardista de la política fiscal madrileña, y el incipiente efecto dominó que está empezando a provocar en otros Gobiernos regionales, es la causa de la propuesta del Gobierno catalán. Así las cosas, la cuestión a dirimir es si el ejercicio efectivo de la autonomía fiscal resulta o no positivo para los intereses generales. De entrada, es evidente que para los directamente afectados -contribuyentes de la comunidad que la ejerce- la cuestión analizada resulta beneficiosa pues reduce sus impuestos y aumenta su renta disponible. Por su parte, desde la perspectiva del interés de la nación, todo depende de los mecanismos con los que se compita.
Así, puede competirse modificando los impuestos que gravan la actividad empresarial -básicamente Impuesto sobre Sociedades e IVA-. De ese modo la presión fiscal soportada por las empresas dependería de la región donde se domicilien y operen, lo que dañaría seriamente la unidad de mercado. También puede competirse asumiendo la gestión del sistema tributario en su totalidad -responsabilidad de la que ya disponen las comunidades navarra y la vascongada, y a la que aspira el Gobierno catalán-.
La consecuencia es que diferentes localizaciones regionales determinan diferentes niveles de exigencia y vigilancia del cumplimiento tributario, así como diversas facilidades para el pago aplazado de las deudas tributarias -en forma de plazos, costes y garantías requeridas-. Sin duda, también quedaría seriamente afectada la unidad de mercado.
Por el contrario, si se compite con aquellos impuestos que, en vez de a las empresas, gravan a los individuos, -es el caso de Madrid- la relevancia es mínima en términos de discriminación para la actividad empresarial, por lo que no daña al funcionamiento del mercado. Sin embargo las ventajas para los ciudadanos contribuyentes son evidentes.
En definitiva, puede observarse que, como acertadamente dijo Josep Borrell, la política fiscal 'no es sino Política -con mayúscula- en estado químicamente puro', y a través de ella los partidos políticos y los Gobiernos ofrecen a los electores su modelo de Estado fiscal que, parafraseando al presidente del Parlamento Europeo, 'no es sino su auténtico modelo de Estado'.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y consejero de Copisa y de Elduayen Fotovoltaica