Bien está, si bien se hace
En los últimos años España, al amparo de una bonanza económica, ha llevado a cabo una política fiscal imprudente. Se han bajado los impuestos por diferentes vías en un proceso que ha beneficiado más a las rentas del capital. La dualidad del IRPF (un eufemismo para gravar menos los rendimientos del capital), la eliminación del impuesto de patrimonio, la reducción del tipo de Sociedades o la eliminación de facto de Sucesiones son algunos de los impuestos sobre el capital reducidos. Tan importante como la reducción fiscal ha sido la falta de voluntad de luchar contra el fraude. El problema se ha ignorado, incluso tolerado, como si fuera algo menor cuando no solo tiene una trascendencia recaudatoria notable sino que deslegitima al Estado para exigir más impuestos a quien no defrauda. La débil respuesta ante las cuentas de españoles descubiertas (por otros países) en Liechtenstein o en Suiza ha reforzado la idea de que hay tolerancia con los defraudadores. Esta política tributaria ha llevado al colapso recaudatorio cuando la economía ha entrado en crisis. Entre 2007 y el 2009 la recaudación ha caído casi 6 puntos del PIB, más que en ningún otro país de la UE. En la UE-27 sólo se ha perdido una recaudación de 1,3 puntos e incluso en Grecia perdió menos de dos puntos.
La política impositiva reciente se ha basado en la creencia de que los impuestos ralentizan el crecimiento y de que si se hace pagar impuestos a los ricos habrá deslocalizaciones de personas, capital y empresas. Estos argumentos son tan interesados como, en gran medida, falsos. Si aumentar los impuestos en España produjera esos efectos, la mayor parte de Europa sería un páramo productivo porque, por ejemplo, Suecia tiene 16 puntos más de presión fiscal que España, Austria 12 más y Francia 11 más. Incluso Hungría o Eslovenia tienen 7 puntos más de presión fiscal. En realidad, España es uno de los países con menor presión fiscal de la UE.
En todo caso la cuestión es, ¿hay que aumentar los impuestos? La respuesta es que en el corto plazo sí, si se quiere cumplir el compromiso del 3% de déficit en el 2013. En el medio y largo plazo el aumento debe ser mayor si se desea mantener el Estado del bienestar, incluso en una versión reducida. Las cifras son evidentes en el corto plazo. En el año 2009 el déficit público español fue el 11,2% del PIB y el recorte fiscal del 2010 apenas llegó al 1,5% (en dos años). Salvo que haya una reducción drástica del Sector Público, es claro que serán necesarios más impuestos. Ciertamente España debería haber negociado un periodo más amplio para lograr la estabilidad (Irlanda tiene hasta el 2014 y el Reino Unido hasta el 2015). Pero con lo pactado la subida recaudatoria parece inevitable. En el medio y largo plazo la subida deberá ser mayor porque el envejecimiento aumentará el coste del Estado del Bienestar. Según la UE, sin reformas, el aumento será 9,1 puntos del PIB en 2050.
Dada la presión fiscal actual, es claro que económicamente es viable aumentar la recaudación en España, incluso varios puntos del PIB. Pero para que el aumento sea posible políticamente, debe ser aceptado socialmente. Y esto tiene dos requisitos. Primero, que la sociedad considere que se gasta razonablemente bien y que los gastos financiados con los impuestos adicionales se ajustan a las preferencias y necesidades colectivas. Que el debate actual sobre el aumento de impuestos haya comenzado en torno a las obras públicas y con una reunión (no nata de momento) con las constructoras no es la mejor vía para dar confianza a los ciudadanos sobre la necesidad del gasto. En todo caso, es urgente que se revisen las políticas públicas de gasto y se establezcan mecanismos que controlen y primen la eficacia de los resultados.
El segundo requisito es que el sistema fiscal en general y los aumentos de impuestos en particular se perciban como justos. Esto requiere que se cambien las bases del sistema fiscal español. En particular que se elabore un plan real de lucha contra el fraude y que el sistema fiscal se base en la capacidad de pago eliminando los privilegios fiscales que tienen determinados contribuyentes (rentas altas) y determinadas rentas (rentas no salariales).
¿Cómo se debe aumentar la recaudación? En el medio y largo plazo mediante una reducción del fraude y una reforma esencial del sistema fiscal que prime la equidad. En el corto plazo se debe evitar la vía fácil de gravar más sólo a los que más declaran (que por el fraude no son lo más ricos). Quien más se ha beneficiado de los recortes fiscales pasados y quien ha recibido ayudas durante la crisis debe pagar más. La implicación es un aumento fiscal basado en un aumento general del IRPF, eliminar la dualidad, reducir los incentivos a planes de pensiones, reformar la tributación en el IRPF de las Sicav (y otros instrumentos de inversión), crear un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las instituciones financieras, recuperar alguna forma de impuesto sobre la riqueza y, si necesario, aumentar de nuevo los impuestos indirectos. Y se debe elaborar ya un plan efectivo de lucha contra el fraude.
Ignacio Zubiri. Catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco