Banda ancha universal... cuándo o cuánto
La universalidad de los servicios de banda ancha parece haberse convertido prácticamente en toda Europa, Estados Unidos y con carácter emergente en América Latina en un compromiso gubernamental dirigido a aumentar el uso y adopción de las TIC entre los distintos sectores de la economía (salud, educación, seguridad, e-Gobierno, etc.) bajo el entendimiento de que la misma contribuye a aumentar la productividad, la competitividad y el empleo.
Sin embargo, estamos observando cómo estos objetivos de banda ancha universal están experimentando retrasos en su implementación y ejecución. ¿Por qué? Merece la pena reflexionar sobre cuál es la definición de universalidad y cuáles son sus implicaciones. Una banda ancha universal básicamente consiste en que algún operador u operadores provean de acceso a internet a una determinada velocidad (en el caso de España se nos prometió a 1 Mbps) en todo el país con independencia de la ubicación física y a precios asequibles.
Esta definición, aunque tiene un mensaje político-social de gran impacto, tiene una serie de consecuencias sobre el modelo de negocio de los operadores de telecomunicaciones que eventualmente podría afectar a esa pretendida competitividad, productividad y/o crecimiento del empleo. Efectivamente, la universalidad de la banda ancha lleva aparejada unas decisiones de inversión que resultan especialmente onerosas en aquellas zonas menos densamente pobladas y con una menor propensión al consumo. Esto hace que cuando adicionalmente se introduce el concepto de asequibilidad, el efecto sobre el sector pueda ser demoledor.
Las subidas en el recibo de la luz pretenden compensar el déficit de acceso que las eléctricas están asumiendo. Sin embargo, a día de hoy, a pesar de que existe un déficit de acceso en el sector de las telecomunicaciones, el esquema de financiación o compensación parece ser otro, pues en el caso de este sector son los operadores que designa la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones los obligados a contribuir a ese fondo de compensación. Más allá del mensaje político-social que implica anunciar una banda ancha universal, se debería reflexionar sobre las implicaciones para el ya existente déficit de acceso del sector de las telecomunicaciones, puesto que debido a la distinta orografía y densificación de nuestro país la introducción de esta obligación tendrá como primera derivada un aumento del déficit de acceso.
La decisión sobre la tecnología a utilizar para cumplir con esa obligación de acceso universal de banda ancha, la asequibilidad tarifaria y el mecanismo de financiación deberían ser las variables objeto de análisis antes de realizar cualquier anuncio que pudiera tener consecuencias sobre la decisión de los mercados financieros y los inversores. En Estados Unidos, los usuarios de telefonía fija contribuimos mes a mes a financiar el déficit de acceso a través de nuestra factura. En América Latina han entendido que el problema de la conectividad es prioritario pero al mismo tiempo se están haciendo acciones por el lado de la demanda, esto es, los usuarios finales, para que hagan un uso efectivo de esas tecnologías, de lo contrario nos podríamos encontrar con la desagradable sorpresa de que se hace una inversión que no puede ser ni recuperada a través de la escasa demanda a esos precios asequibles ni tampoco vía compensación.
El retraso en la introducción de la banda ancha en nuestro país debería venir acompañada de una acción conjunta del Gobierno, del regulador y del operador u operadores que prestarán estas obligaciones, los primeros para definir el alcance de la universalidad, los segundos para definir el alcance de la asequibilidad y los terceros para comprometerse en la ejecución de proyectos que la penetración de la tecnología y el uso por parte de la ciudadanía. Es momento de trabajar de forma coordinada y conjunta y olvidar los egos de ser el primero en acometer una universalidad que nunca parece llegar, solo así estaremos en condiciones de aumentar la productividad, la competitividad y el crecimiento del empleo, solo así conseguiremos una verdadera estrategia digital de país.
Antonio García Zaballos. Asesor Sénior del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington DC