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Columna
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¿AENA como problema?

Los mayores de la clase recordarán aquella polémica intelectual de los años cincuenta a raíz de la publicación por Pedro Laín Entralgo de su libro España como problema y de la réplica que recibió de Rafael Calvo Serer con su volumen España sin problema. Desde aquellas precariedades cuando íbamos por rutas imperiales caminando hacia Dios, conforme a la letra de Montañas nevadas, provistos de la cartilla de racionamiento hemos llegado a las pasadas prosperidades ahora deslucidas por la última crisis. Una crisis que ha desmentido la infinita sabiduría del mercado como único e infalible sistema para la asignación de recursos. Al tiempo que ha quebrado el principio del cuanto menos Estado mejor. Nos damos de bruces con la realidad de que el abuso puede instalarse en el capitalismo sin fronteras hasta hacer saltar la banca. Entonces los banqueros se acuerdan del Estado como los de a pie invocan a Santa Bárbara cuando truena. Todos aceptamos que la banca debe ser salvada porque lo contrario sería más catastrófico y los recursos públicos acuden instantáneos a tapar la brecha.

Algunos pensaban que tan costosa lección habría quedado aprendida, pero en cuanto ha escampado se observa la tendencia a volver a las andadas. Los altos ejecutivos regresan al reparto de los bonus como los sobrinos del tío Gilito hacían con los lingotes de oro y crece la indignación de los paganos y de los Gobiernos más responsables. Así que cuando nos deslizábamos por el abismo quedaba clara la necesidad del Estado pero con los primeros brotes verdes regresan apresurados los doctrinarios del liberal-nihilismo. El exclusivo juego de los intereses privados, que sólo atienden a maximizar el lucro, había mostrado sus limitaciones y peligrosidades. Dejarlo todo a la aplicación del principio de Matews, según el cual al que tiene se le dará más y al que no tiene incluso aquello que no tiene le será quitado, quedaba demostrado que era una enormidad sin sentido. La era de los creadores de escasez a que se refería el economista David Anisi parecía superada pero regresa enseguida por la otra banda.

Un caso que ahora puede adquirir valores polémicos en nuestro país es el de AENA, la empresa estatal de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Sus críticos impugnan que un único organismo tenga encomendado el control del tráfico aéreo y la gestión de los 47 aeropuertos de nuestro país, así como su modelo en red, en vez de optar por una mayor descentralización. Que AENA haya tenido números rojos en 2008 por valor de 153 millones de euros resulta de la contracción del tráfico aéreo que ha sido un fenómeno mundial pero ya empieza a invertirse la tendencia y tanto Barajas como Barcelona llevan más de tres meses creciendo. Que su endeudamiento esté próximo a los 11.000 millones de euros trae causa de las fuertes inversiones, sobre todo en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante. Otro sumando procede de la creación de aeropuertos sin sentido como los de Huesca, Albacete y Burgos, en la etapa del campeón Francisco Álvarez Cascos. La nueva racionalidad que el ministro José Blanco impulsa llevará a la creación de una sociedad anónima de aeropuertos de cuyo accionariado se privatizará un 30%, una fórmula análoga a la de Red Eléctrica de España, con capacidad para crear filiales en casos particulares.

Otra cuestión hasta ahora ignorada por la tendencia a rehuir el conflicto es la insostenible situación de los controladores aéreos. Un pequeño colectivo de 2.300 que se han apoderado de una función pública básica para hacer de ella una propiedad privada en extremo lucrativa. Los controladores, sin más exigencias para el ingreso que estudios secundarios y buen nivel de inglés, llevan a cabo la instrucción de los aceptados y se reservan concederles "la habilitación para el puesto". Tienen la llave de paso, practican el númerus clausus y están afiliados a la endogamia. El total de su masa salarial alcanza los 800 millones de euros, el salario base está en los 170.000 y con horas extraordinarias algunos llegan al millón anual y más de 800 perciben más de 450.000. La homologación a escala europea que exige la Unión debe poner fin a un privilegio exorbitante sin dilación alguna. Basta ya.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista

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