Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso en la que propone al Gobierno que atribuya las competencias de valoración del cumplimiento de los requisitos para conformarse como sociedad de inversión colectiva (sicav) a la Agencia Tributaria (AEAT) en lugar de a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como ocurre actualmente.
La formación magenta reclama al Ejecutivo que, en el plazo máximo de tres meses, atribuya al Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT las competencias de inspección y supervisión de las SICAV y le encargue comprobar que realmente cumplen todos los requisitos para poder acogerse al régimen fiscal especial del que gozan este tipo de sociedades.
Para ello, considera que la AEAT debe emitir un informe vinculante dirigido a la CNMV, que actualmente detenta las competencias para otorgar las calificaciones de sicav pese a "no disponer de los medios necesarios para comprobar si los socios que forman parte de la sociedad que solicitan su admisión a cotización tienen o no un carácter de inversor fiduciario o puramente formal".
Además, se reclama acompañar este cambio con las "modificaciones legales precisas" para fijar en el 5% del capital social de la sicav el porcentaje máximo de participación que puede alcanzar un socio individual.
Privilegios injustos
Frente a esa incapacidad, la AEAT "no sólo tiene los medios necesarios para realizar las comprobaciones e investigaciones oportunas, sino que dispone además de las competencias legales que la Ley General Tributaria le atribuye para realizar las comprobaciones pertinentes en relación al cumplimiento de los requisitos necesarios para el disfrute de un beneficio fiscal", recuerda UPyD.
Por ello, la Agencia Tributaria podría evitar que muchas de las sociedades que actualmente son aceptadas como sicav puedan "disfrutar de las ventajas del régimen fiscal" pese a ser meras "plataformas de inversión de patrimonios privados o familiares", lo que a juicio de la formación magenta es "injusto", especialmente en la actual coyuntura económica, porque "genera un tratamiento fiscal ventajoso a aquéllos que no son los verdaderos destinatarios de la norma" y que "no los merecen" porque ya disfrutan de una "privilegiada situación económica".
