Los 27 buscarán cerrar un pacto de cara a la cumbre de líderes europeos que se celebra mañana y el viernes, en la que se debería dar luz verde definitiva al supervisor bancario único para cumplir con el plazo acordado.
Sin embargo, los países mantienen amplias discrepancias en temas clave como si excluir o no los bancos de menor tamaño de la supervisión conjunta que ejercerá el Banco Central Europeo (BCE), tal y como exige Alemania.
Otros países como España y Francia abogan por la inclusión de los 6.000 bancos que hay en la eurozona bajo el paraguas del supervisor bancario único, aunque se han mostrado dispuestos a aceptar una aplicación gradual de su control.
El último compromiso de la presidencia chipriota de turno proponía que el BCE solo supervisaría directamente a los bancos de la eurozona y de otros países que quieran participar en el futuro mecanismo cuando éstos superen los 30.000 millones de euros en activos o el 20% del PIB del Estado miembro participante.
La presidencia chipriota propuso además que los bancos que tengan filiales en al menos tres Estados miembros participantes también serían supervisados directamente por el BCE.
Otros elementos que quedan por aclarar es la cuestión de la participación de los países de fuera del euro en el supervisor, que piden ser tratados en igualdad de condiciones, y la separación estricta de las funciones de supervisión y de política monetaria del BCE. Reino Unido, por su parte, exige tener más poderes en la toma de decisiones, sobre todo en la Autoridad Bancaria Europea (ABE), que seguirá definiendo los estándares técnicos para la supervisión bancaria, y que toma sus decisiones por mayoría cualificada.
Londres teme quedar marginado si los países participantes en el supervisor bancario forman un bloque común, por lo que se ha planteado un sistema de doble voto para compensar a los que queden al margen, que no cuenta con el apoyo de varios países, entre ellos Alemania.
