Se acabó la complacencia con la agencias de calificación, a las que no pocos observadores responsabilizan, al menos en parte, de las turbulencias que azotan los mercados financieros desde hace nueve meses.
El mismo órgano de la Unión Europea que hace sólo tres años (en marzo de 2005) proponía a la Comisión Europea que no regulase la actividad de esas agencias, ayer apostó por la creación de un órgano de supervisión como última oportunidad al sector antes de proceder a regularlo.
El nuevo órgano estaría formado 'por veteranos representantes de las comunidades de inversores y de emisores'. Las agencias sólo podrían intervenir cuando el órgano fijase nuevos estándares, pero no en la labor de supervisión.
La propuesta procede del CESR (el comité europeo de de reguladores bursátiles donde se sienta la CNMV española), encargado de asesorar a la Comisión Europea en materia de normativa bursátil. Bruselas suele seguir sus sugerencias porque se trata de las autoridades que vigilan los mercados en los 27 países de la UE.
Desde esa posición de fuerza, el CESR urgió ayer a la Comisión a impulsar con carácter inmediato la creación de un órgano internacional encargado de fijar parámetros de comportamiento a las agencias y de vigilar su cumplimiento.
Los reguladores incluso piden a Bruselas que opte por la creación de ese órgano a nivel comunitario si no logra a corto plazo el apoyo de otras jurisdicciones a la iniciativa.
Y el CESR esgrime por último la temida arma de la regulación. 'Si ese órgano no cuenta con el apoyo de los partícipes del mercado o fracasa en sus objetivos de garantizar la integridad y transparencia de las calificaciones, el CESR considera que las autoridades de supervisión deben actuar, probablemente, a través de la regulación'.
El ultimátum obedece a la constatación de que el código de conducta suscrito por las principales agencias (DBRS, Fitch, Moody's y Standard and Poors) no se ha respetado. Las áreas de incumplimiento más graves, según un informe elaborado por el CESR también publicado ayer, atañen a la elaboración de ratings no solicitados y a la prestación de servicios paralelos a la labor de calificación.
'Los acontecimientos del año pasado ameritan una revisión en profundidad del actual régimen de autorregulación', sentenció en un comunicado Ingrid Bonde, presidenta de la unidad creada por el CESR para evaluar la actuación de las agencias.
