Las participaciones preferentes se han convertido en un mal sueño para quienes cayeron en ellas. Las primeras emisiones, allá por el siglo pasado, se aprovecharon del desconocimiento de los inversores ante este producto complejo y con condiciones especiales (su carácter perpetuo es uno de los mejores ejemplos) para conseguir financiación a precios irrisorios a cambio de dar rentabilidades mínimas a los compradores.
Cuando llegó el aluvión de colocaciones de los bancos, a finales de 2008 y, sobre todo, en 2009, ya habían pasado por la ventanilla de reclamaciones los suficientes inversores como para que la CNMV decidiera entrar en faena y vigilar con lupa las emisiones. A eso se sumó el mayor conocimiento del público de los peligros de las preferentes y la consecuencia fue que bancos y cajas tuvieron que forzar su generosidad y dar rentabilidades mucho más elevadas que en el pasado (nada extraordinario, pero al menos con dividendos superiores a lo que daría un bono del Tesoro).
Pero los beneficios se quedaron ahí. Ninguna medida logró que se extinguieran las prácticas dudosas en la comercialización de las preferentes (la CNMV ha reconocido hace poco abusos de varias entidades en este campo, pues abrió seis expedientes el año pasado) y tampoco se ha conseguido que intentar vender estos instrumentos y recuperar el dinero (o parte de él) deje de ser un calvario.
Y ello, pese a que el empeño de la CNMV hizo que todas las emisiones de 2008 y 2009 contaran con una figura nueva en los contratos de venta de preferentes. Se trata del proveedor de liquidez, una entidad llamada a facilitar la vida al inversor necesitado de fondos. Puesto que las preferentes son perpetuas y solo son rescatadas cuando quiere el emisor y en las condiciones que imponga (a no ser que decida amortizarlas, en cuyo caso tiene que pagar el 100% y en efectivo), la idea era dar a los compradores alguna vía de escape.
Estas entidades de liquidez son otros bancos o entidades financieras que firman contratos con los emisores. En general, se comprometen a comprar hasta un máximo del importe de la colocación y a cotizar precios, para que los inversores sepan cuánto valen sus preferentes. En total, fueron más de 20 las entidades que se lanzaron al mercado en 2008 y 2009, y muchas de ellas incluso incluyeron en el folleto de la emisión el teléfono del agente de liquidez al que debían llamar los inversores que quisieran vender o saber el precio de su participación.
Pero, como todo en esta vida, una cosa es la teoría y otra, la práctica. No han pasado ni tres años desde la mayoría de las colocaciones y ya es un hecho que las buenas intenciones han quedado en papel mojado.
Primero, porque sigue habiendo bancos que renuncian a facilitar un teléfono para el inversor. Segundo, porque aunque lo tengan, algunos son de muy poca utilidad.
De las 24 principales emisiones de 2008 y 2009 (hay una del BBVA, otra del Santander, también Caja Madrid, Popular, Pastor o Sabadell participaron en la avalancha, junto a la CAM, Caja Navarra, Caja Sol, Banesto o La Caixa, entre otras) solo tres cumplen las condiciones que supuestamente debe requerir un buen servicio al inversor: hay entidad de liquidez, este agente da un teléfono al que llamar, hay alguien que descuelga al otro lado y la contestación es la que tiene que ser; es decir, dan un precio, según ha podido confirmar este diario.
Eso sí, que se cumpla lo anunciado en el folleto no es sinónimo de buenas noticias. Al revés, los precios que ofrecen no son nada alentadores. El mejor es el que Banco Popular, entidad de liquidez del Banco Pastor, da para las preferentes de este último. La tarea no es fácil, hay que advertir. Al llamar al teléfono el interlocutor reitera que es mejor ir a una sucursal y solo después de insistir en extremo se consigue una respuesta: las preferentes del Pastor cotizan al 65%, según los datos del Popular, pero no se trata de una oferta de compra, sino de una referencia. Para vender hay que ir en persona a la sucursal.
Con Caja Madrid el precio es peor: el 52,75%, lo que significa que el inversor recuperará poco más de la mitad de lo pagado. Eso sí, la entidad de liquidez que da la información es La Caixa e insiste en que ese precio es solo una referencia. Si se quiere vender (una vez más) hay que ir a la sucursal.
Solo en el caso del Sabadell se consigue un precio y una oferta de compra. Curiosamente, la entidad de liquidez es también La Caixa, pero el agente lo tiene claro: "Nosotros pagamos el 51%", asegura, pese a que reconoce que hay una oferta de venta al 61% que no está encontrando comprador.
Entre teléfonos donde nadie contesta e informaciones sin valor alguno, lo más llamativo es la cantidad de entidades que han contratado a la CECA (que funciona como la patronal de las cajas) como agente de liquidez. Cuando se llama para saber el precio de cotización de las preferentes a las que teóricamente da liquidez, la respuesta es unánime: "La CECA no da información a los clientes particulares". ¿Entonces, para que se contrató con ella este servicio?
Las medidas adoptadas
A finales de 2008, se preparaba la avalancha de preferentes entre clientes de oficina y BBVA fue el encargado de darle el pistolezado de salida. Y el primer folleto de la nueva fórmula de la banca para reforzar su solvencia en plena crisis se estrenó con una advertencia de la CNMV. "Es posible que a medio o incluso a corto plazo esta emisión alcance un precio en mercado secundario inferior al precio de emisión, lo cual puede suponer una pérdida para quienes lo suscriban y quieran posteriormente venderla", señalaba al comienzo del folleto.
El organismo presidido por Julio Segura era consciente del problema potencial que escondían las participaciones preferentes, pero su misión de proteger a los pequeños inversores colisionaba con la del Banco de España. Y es que el supervisor dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez veía con buenos ojos que bancos y cajas utilizaran todas las palancas a su alcance para mejorar sus ratios de solvencia. No puso ninguna pega, de hecho, a la venta de unos 12.000 millones de euros en este tipo de deuda.
La fórmula de las preferentes contaba además con la virtud de que permitía a las cajas de ahorros fortalecer sus recursos propios en un momento complicado para ellas, pues este tipo de entidades se veía especialmente limitada a la hora de captar capital. Solo la CAM se había atrevido a emitir cuotas participativas, que gozan de una capacidad de mejorar los ratios similar a las acciones de los bancos. En todo caso, colocó tan solo 292 millones de euros.
La actitud de la CNMV fue mucho más cauta, y desde el principio advirtió del peligro de las preferentes. Julio Segura tomó varias medidas para tratar de amortiguar los efectos de las colocaciones masivas de este tipo de deuda cuando el mercado de renta fija entre inversores institucionales estaba roto.
Primera medida, obligó a los emisores que incluyeran en sus emisiones un contrato de liquidez para que los minoritarios pudieran vender si así lo deseaban. Si bien, a la hora de la verdad, los efectos benéficos de esta decisión son muy limitados cuando han empezado a surgir los problemas, como ha podido comprobar este periódico. Segunda medida, exigió que las entidades incluyeran informes de valoración independientes en sus folletos si las colocaciones no incluían tramo institucional.
El resultado final fue que las emisiones prometían rentabilidades notablemente superiores a las que ofrecían las lanzadas a finales de los años 90, que en los peores casos se limitaban a pagar el euríbor a tres meses más 0,06 puntos porcentuales. En las últimas colocaciones, los diferenciales llegaron hasta los 8,9 puntos porcentuales de una colocación de Caixa Laietana.
Curiosamente, aquellas que incluyeron tramo institucional también destacaron con los mejores diferenciales como la de Caja Duero (7,75 puntos porcentuales) y Caja Granada (7,5). Pero los problemas de liquidez, al ser colocaciones entre minoristas, seguían alli. Y todos los datos que podían manejarse por entonces señalaban que, pese a todo, las rentabilidades ofrecidas no eran justas.
Varias emisiones llevaron impresa una advertencia expresa del organismo supervisor en su folleto, entre ellas las del BBVA y las del Santander. El último aviso aparece en la emisión de preferentes de Banca Cívica de enero del año pasado, en el que se explica que el pago de los intereses es absolutamente discrecional para la entidad emisora. Lo que no podía hacer el organismo era bloquear los folletos, siempre que estos cumplieran con la legislación vigente, como explicó en su día Julio Segura.
