A cada trabajador de las oficinas públicas de empleo 'le corresponden' unos 380 parados
La saturación de la carga de trabajo de los trabajadores de los servicios de empleo públicos, tanto del sistema Estatal (que son los que reconocen y abonan las prestaciones por desempleo) como los de las oficinas autonómicas (que se encargan de orientar a los parados e intermediar entre ofertas y demandas de empleo) es un secreto a voces en el Ministerio de Trabajo.
El pasado lunes, el titular de este Departamento, Valeriano Gómez, llegó a asegurar que el mal funcionamiento de estos servicios públicos de empleo (antiguo Inem) es "el mayor déficit" del mercado laboral español y lo atribuyó exclusivamente a la escasez de recursos humanos en sus plantillas. Así se quejó amargamente de lo "mal dotadas" que están estas oficinas y comparó el volumen de empleados públicos al servicio de los parados españoles con los de los servicios públicos de empleo de Alemania o Francia. Según sus cuentas, la plantilla de los servicios de empleo españoles apenas llega a 11.000 efectivos (después de la incorporación de 3.000 orientadores profesionales desde 2006), por lo que el ratio resultante sería unos 381 parados por cada empleado público que debe atenderles.
En este sentido, y siempre según las cifras de Gómez, Alemania sale mucho mejor parada ya que cuenta con una plantilla de 75.000 trabajadores en sus servicios de empleo y casi 2,8 millones de desempleados (poco más de 37 parados por funcionario); seguido de Francia con unos 40.000 (105 desempleados por cada trabajador de los servicios de empleo).
El fuerte control de gasto público impide ampliar la plantilla de los servicios públicos empleo como querría Gómez, por lo que la decisión del Gobierno ha sido fusionar este organismo con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) antes de que acabe este año, para utilizar indistintamente los efectivos de ambos organismos según las necesidades. Sin embargo, esta solución no se entiende ante la también evidente saturación de los trabajadores del Fogasa que, según denuncian los sindicatos, tienen retrasos en la aprobación de expedientes que llegan a los 12 meses en algunas provincias.
En cualquier caso, la duda que se plantea es si el remedio más inmediato pasa por contratar más funcionarios o por optimizar los actuales recursos para reducir el número de parados.