En un comunicado, el colectivo insiste en que el núcleo del problema no reside únicamente en el ciudadano de a pie, "como se quiere hacer creer", sino que corresponde sobre todo a las grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude cometido en nuestro país, según sus datos.
Esa falta de contundencia, unida al "lamentable precedente" que supone la amnistía fiscal que se está llevando actualmente a cabo, suponen para Gestha "un grave obstáculo a la hora de concienciar a la ciudadanía de la importancia de la lucha contra el fraude, lo que indirectamente acabará repercutiendo en la recaudación".
Además, el colectivo señala que la nueva ley no hace referencia alguna a la "escasez de efectivos" de la Agencia Tributaria española -con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, tres veces menos que la media de la OCDE-, ni a "la actual limitación de sus funciones".
Límites aún mayores
Más en detalle, los técnicos de Hacienda consideraron que la limitación de los pagos en efectivo supondrá un avance en la lucha contra el fraude, aunque matizaron que el tope de 2.500 euros fijado por la nueva ley es "demasiado elevado", ya que la cuantía debería rondar los 1.000 euros, al igual que ocurre ya en Italia -cuya tasa de economía sumergida es similar a la de España-.
Asimismo, indicaron que la multa del 25% del importe fijada para quienes lo incumplan es "a todas luces insuficiente", ya que continuará siendo más rentable afrontar la sanción que cumplir con las obligaciones fiscales en forma de Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30%) e IVA (de un 4% a un 18%, según el caso).
El colectivo también restó importancia a la obligación de informar sobre las cuentas abiertas en bancos situados en el extranjero, ya que, en su opinión, únicamente permitirá hacer acopio de información de números de cuentas "blancas" que ya están en manos de Hacienda, y sin embargo las cuentas opacas se mantendrán sin declarar.
Para evitar esta situación sería necesario que el Gobierno llegase a acuerdos con las grandes entidades de "banca privada" que operan en paraísos fiscales, lo que les permitiría obtener las listas de titulares, añade.
Paralelamente, Gestha también propone aumentar la colaboración con las entidades emisoras de tarjetas para detectar a todos aquellos defraudadores que usan habitualmente este medio de pago a nombre de sociedades, fundaciones o entidades con cargo a cuentas en el extranjero.
En cuanto a la reducción del régimen de módulos, si bien los técnicos la valoran positivamente, consideran que se debería haber dado un paso "más ambicioso", restringiendo su utilización e instaurando como norma general la estimación directa en el IRPF y régimen general en el IVA.
