El estricto umbral de protección al que se circunscribe el paraguas del código de buenas prácticas para la banca que el Gobierno aprobó en marzo para paliar el drama de los desahucios hipotecarios se saldó, en sus tres primeros meses en vigor, con tan solo 52 afectados beneficiados.
Durante el periodo de marzo a junio, las entidades han recibido 568 solicitudes de amparo en el código de buenas prácticas, una hoja de ruta que obliga al a banca firmante a abrir procesos de reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias más vulnerables.
En concreto, el código solo se aplica a aquellas familias (deudor, cónyuge e hijos en su domicilio) con todos sus miembros en desempleo, para las que el pago de las cuotas hipotecarias supere el 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- cuando la ejecución afecte a su única residencia.
El inmueble, además, no podrá exceder un valor de 200.000 euros en las grandes ciudades o un tope de 120.000 euros en las poblaciones de menor tamaño. Tampoco podrán acogerse aquellos que cuenten con avalistas solventes.
Lo reducido del colectivo de beneficiarios de esta medida ha sido el principal argumento de los detractores de la medida, entre los que se encuentran la Defensora del Pueblo, los jueces, o buena parte de los partidos políticos, que la consideran a todas luces insuficiente.
Desde el Ministerio de Economía defienden, no obstante, que se trata de un plazo demasiado corto de tiempo -de marzo a junio de 2012- como para valorar el impacto de la medida, y destacan que toda nueva normativa cuenta con un periodo de implementación.
En todo caso, tras aprobar la paralización de los desahucios durante dos años para un grupo algo más amplio (familias numerosas, monoparentales con hijos, discapacitados, parados sin prestación, todos ellos si cobran menos de 19.200 euros al año) el Gobierno ha anunciado que ampliar el umbral de beneficiarios del código de buenas prácticas será uno de sus objetivos durante la tramitación de la norma.
44 reestructuraciones y ocho daciones en pago
El resultado, es que 220 de las 285 solicitudes atendidas "han sido rechazadas por la entidad porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas", aclaran desde el Ministerio de Economía. Otras 283 demandas de protección se encontraban pendientes de tramitar a finales de junio.
Aquellos casos en los que la solicitud ha sido atendida corresponden a 44 reestructuraciones de la deuda y ocho daciones en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda hipotecaria). Entre junio y septiembre se han recibido 700 solicitudes más, cuya situación no ha trascendido.
Para aquellas solicitudes admitidas, la hoja de ruta que establece el código obliga a las entidades financieras a presentar un plan de reestructuración de la deuda hipotecaria en el plazo de un mes. Este impone un periodo de carencia de cuatro años sobre el pago de capital y limita los intereses a euríbor más 0,25.
Si no fuera suficiente con esto, la entidad tiene diversas vías para aplicar una quita sobre el total de la deuda, de forma voluntaria. Sin embargo, transcurrido un año, o si las condiciones lo aconsejan antes, se impone la dación en pago.
Bankia lidera las solicitudes
El conjunto de las 568 solicitudes, que no las resueltas favorablemente para las familias, engloba una deuda hipotecaria total de 69,5 millones de euros. Bankia es la entidad que más peticiones ha recibido, con 82, seguida de las 77 de Catalunya Caixa, las 61 de Unicaja, las 53 de BBVA y las 50 de CaixaBank.
Del lado contrario se encuentran las cajas rurales, con una petición en el caso de la de Navarra, o la de Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Destaca también el caso de Santander que, pese a su tamaño, solo ha recibido ocho peticiones.
Por regiones, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid concentran el 73% de las solicitudes recibidas. Éstas han sido remitidas a 28 de las 100 entidades financieras firmantes del código de buenas prácticas, de obligatoria aplicación solo para quienes lo hayan suscrito de forma voluntaria.
