Sindicatos de Bankia presentan una denuncia contra sus gestores
El proceso de depuración de responsabilidades por la mala gestión en el sector financiero ya ha comenzado. Las actuaciones son incipientes, pero los frentes abiertos son muchos, tanto en el ámbito judicial como en el parlamentario.
Ayer mismo, dos sindicatos de Bankia, la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorros (Fepca) y la Asociación de Cuadros y Profesionales de Bankia (Accam-Bankia), presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado solicitando que investigue a los ejecutivos del grupo y a las autoridades económicas por los presuntos delitos penales derivados de la gestión de la entidad financiera.
En un comunicado, los dos sindicatos representativos de los profesionales de cajas de ahorros consideran que los hechos acaecidos en Bankia "podrían ser constitutivos de delito contra el orden socioeconómico y, en concreto, de administración fraudulenta y desleal, y atentan contra el principio esencial de imagen fiel de las empresas".
En una de las entidades que dieron lugar a esta alianza, Caja Segovia, el proceso está más avanzado. El partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) presentó una denuncia por el presunto cobro de una indemnización de 12 millones de euros por parte del ex director general, Manuel Escribano. Aunque un juzgado de primera instancia desestimó la causa, la Audiencia Provincial ha pedido a la fiscalía que siga investigando.
Estas indagaciones no serán un caso aislado. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorros" y se examine, entre otros asuntos, "si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursas en algún tipo delictivo".
CAM
Algunas entidades caídas en desgracia antes que el grupo Bankia-BFA ya han empezado a pedir cuentas a los exgestores. Este es el caso de CAM. Ayer compareció en una comisión de investigación, creada por las Cortes Valencianas, la ex directora general María Dolores Amorós. La ejecutiva defendió que nunca se benefició de una mejora de sus condiciones laborales sino que, al asumir la dirección de CAM, aceptó "una renuncia y una rebaja" de las mismas. El anterior director general, Roberto López Abad, compareció en la comisión pero se negó a responder a las preguntas de los parlamentarios.