La acusación del regulador estadounidense se dirige contra las firmas financieras Stanford International Bank (SIB), domiciliada en el paraíso fiscal de la isla de Antigua, la firma de corretaje Stanford Group Company (SGC), y la entidad asesora de inversiones Stanford Capital Management.

Asimismo, la SEC también dirige sus acusaciones contra el director financiero de SIB, James Davis, así como contra Laura Pendergest-Holt, responsable de inversiones de Stanford Financial Group (SFG).

A solicitud del supervisor, el juez Reed O'Connor cursó la orden para la congelación temporal de los activos de los acusados y designó un administrador para gestionar los mismos.

"Stanford y el círculo íntimo de familiares y amigos que gestionaban los negocios perpetraron un fraude masivo a partir de falsas promesas y datos históricos de rendimientos inventados para cazar inversores", dijo la responsable de supervisión de la SEC, Linda Chatman Thomsen.

A este respecto, la demanda de la SEC alega que a través de una red de asesores financieros de SGC, SIB vendió a los inversores alrededor de 8.000 millones de dólares de los llamados 'certificados de depósito' prometiéndoles unos altos tipos de interés "improbables y no verificables".