Con este acuerdo, el grupo que preside Emilio Botín descarta inicialmente aplican un expediente de regulación de empleo (ERE) de forma unilateral hasta como mínimo 2015, fecha tope en la que el banco prevé haber finalizado su reestructuración, que conlleva el cierre de 700 oficinas en España y la salida de unos 3.000 empleados, el 10% de la plantilla en el país, según fuentes sindicales y cercanas a la entidad, aunque estas últimas fuentes aseguran que aún no se ha cerrado la cifra total de salidas.
Comfia-CC OO asegura que con este protocolo "se cumplen las exigencias" sindicales, ya que el acuerdo reúne las condiciones que consideran "imprescindibles para su firma". Estas mismas fuentes afirman que el protocolo contiene "suficientes garantías acerca de la voluntad del banco de realizar el proceso de ajuste sin medidas traumáticas".
Considera que todas las salidas de personal que se produzcan como consecuencia de la absorción de Banesto por parte de Santander se efectuarán a través de bajas incentivadas, prejubilaciones y recolocaciones, principalmente en filiales del grupo fuera de España.
En el grupo hay unos 3.000 empleados trabajando en España con más de 55 años de edad.
Los sindicatos también destacan que con la firma de este protocolo, que tendrá una vigencia de tres años, se apuesta para aplicar todas las "medidas posibles para mantener el máximo nivel de empleo. Además, añaden que el pacto refuerza las garantías que ya se consiguieron acordar en el convenio colectivo, al introducir garantías adicionales.
El protocolo ha sido firmado por el 90% de la representación sindical de ambas empresas y cuyo texto definitivo ha sido elaborado conjuntamente por Comfia-CC OO y UGT.
En Bankia, Novagalicia, Ceiss y Caja 3 el proceso de ajuste es muy diferente al de Santander. Los sindicatos UGT, Comfia-CC OO, CSICA y la Unión de Empleados de Ahorro han advertido hoy de que no descartan la convocatoria de paros parciales y de huelga entre los empleados de los tres bancos con capital público, Bankia, Novagalicia y Banco Ceiss ante las propuestas de reducción de empleo.
En estos casos, las entidades han comentado que existe poco margen para negociar, por lo que los despidos se realizarán ligeramente por encima de lo que establece la reforma laboral, que fija 20 días por año trabajado con un tope de 12 meses.
