Los decretos impuestos por el Gobierno para sanear el balance de las entidades bancarias se cobran su peaje entre las cajas rurales. A cierre del pasado junio, 18 de las 71 cooperativas españolas estaban en pérdidas. Así lo muestran los datos divulgados ayer por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).
La mayor parte de las pérdidas corresponden a Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM). Ruralcaja y 14 sus socias anotaron unas pérdidas individuales conjuntas de 56,6 millones de euros.
Fuentes sectoriales explican que el grupo ha asumido a mitad de ejercicio buena parte de los saneamientos exigidos ante su inminente fusión con el Grupo Cooperativo Cajamar. A su vez recalcan que no todas las cajas de CRM están en pérdidas, sino que ha sido la mutualización de beneficios entre socias lo que ha llevado a algunas a los números rojos.
Cajamar y Ruralcaja completarán en un solo año las dotaciones que exigen los dos decretos del Ministerio de Economía. Asumirán parte del coste con cargo a reservas.
Las otras tres cooperativas en pérdidas son Rural de Granada (-14 millones), Novanca (-64.000 euros) y Rural de Albalat (-733.000 euros), que pertenece al Grupo Cooperativo Cajamar. La caja con mayores ganancias a cierre del primer semestre es la Rural de Navarra, con un beneficio de 21,7 millones. Le siguen el grupo cooperativo que lidera Cajamar, con 15,8 millones (deducidas las pérdidas de Albalat) y la Nueva Caja Rural de Aragón, con un resultado individual de ocho millones.
Llama la atención que Caja Laboral, segunda cooperativa española por activos, apenas anota un beneficio individual de 114.000 euros. Una cantidad muy inferior a los cinco millones que gana Ipar Kutxa, entidad que acaba de absorber.
La Unacc no ofrece datos sobre las tasas de morosidad ni cobertura de impagados. La mayor parte de las rurales anotan tasas de impagados menores que la media del sistema (9,42%) al haber tenido una menor implicación en la financiación a promotores.
Casi todas las rurales anotan ratios de solvencia entre el 12% y el 15%, muy por encima del 9% que exigirá el Gobierno en el decreto de reestructuración bancaria que aprobará este viernes. Su gran problema es la eficiencia.
