Los países del G-20 aprobaron en noviembre de 2010 un nuevo marco legislativo para obligar a las entidades financieras a incrementar con fuerza sus niveles de capital. El objetivo era evitar colapsos de bancos como los que provocaron la crisis financiera de 2007 y 2009.
Esta regulación, conocida como Basilea III, debería haber llegado ya a las legislaciones nacionales, pero la mayoría de países aún no ha comenzado a hacerlo. En cambio, economías como España o Portugal, que han tenido que recibir apoyo financiero exterior, se han visto obligadas a acelerar los calendarios de aplicación.
El presidente del comité de supervisión bancaria de Basilea -que engloba a los principales bancos centrales-, el sueco Stefan Ingves, admitía ayer que "está claro que no todas las jurisdicciones cumplirán con los plazos previstos".
Esta declaración representa el primer reconocimiento oficial de que la puesta en marcha de Basilea III será más lenta de lo inicialmente previsto. La nueva normativa obliga a los bancos a triplicar el nivel mínimo de capital que necesitan para operar.
Aunque el calendario de aplicación era muy progresivo, el sector financiero había advertido de que pedir a la banca aumentar ahora sus niveles de solvencia provocaría una contracción del crédito y complicaría la recuperación de la economía mundial.
Esto es precisamente lo que ha pasado en economías rescatadas como la española. Aunque buena parte de los déficit de capital se deben a las pérdidas provocadas por los impagos de créditos a promotores, otra parte importante de las exigencias de capital se explican por cambios normativos que han ido adelantando el calendario de puesta en marcha de Basilea III.
Tras la aprobación del memorando de entendimiento con el Eurogrupo para que la banca española con problemas reciba fondos europeos, una de las exigencias es que el conjunto de entidades del sector mantenga un ratio de capital principal del 9%, una exigencia que va más allá de Basilea III.
Según diversos economistas, esta imposición estaría agravando la sequía de crédito que sufre España. Tal y como se pactó Basilea III, su implementación se iría produciendo a lo largo de seis años, empezando en enero de 2013, hasta llegar a un nivel mínimo de capital principal (core capital, en la jerga financiera) del 7%.
