El objetivo es construir una muralla de acero entre los problemas de los bancos y los Estados, de forma que jamás haya otro caso Irlanda y no vuelva a repetirse el rescate parcial español. Europa camina directa hacia una unión bancaria, con un supervisor único y medidas armonizadas para los sistemas financieros de todos los países, con una especial atención a que haya normas específicas para la liquidación de entidades.
Y España lo asume encantada, porque de eso dependerá que el rescate de la banca nacional en apuros se haga con cargo a la deuda pública o vaya directamente a los bancos. Porque eso es lo que ha aceptado Alemania: el dinero europeo puede llegar a las entidades sin recaer en el Estado, pero solo cuando haya un supervisor único.
Para España es la diferencia entre disparar un 10% su pasivo y ver comprometidos sus objetivos de déficit o que sea cada banco auxiliado el que aguante su vela (aunque eso dependerá de la letra pequeña). Pero Europa se cobrará sus piezas a cambio. Y todo apunta a que los bonistas y los accionistas de la banca están los primeros de la lista.
Hasta ahora, España en ningún caso ha forzado a los dueños de la deuda de los bancos a asumir pérdidas para reducir las necesidades de capital público. Se pensó con la CAM, pero se descartó por el efecto negativo que podría haber tenido sobre los bonos de otros bancos. Incluso en Irlanda, la troika que rige los designios del país desde hace 18 meses ha preferido contener los males y solo ha exigido compartir las pérdidas de los bancos a los dueños de la deuda subordinada. Los titulares de bonos senior (los de mayor garantía de cobro) han quedado intactos.
Pero la creación de un supervisor único europeo y la recapitalización directa a la banca cambian la situación. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha dado dos razones principales para el establecimiento de un sistema financiero integrado: asegurar la estabilidad en el área euro y "minimizar el coste de la caída de bancos para los ciudadanos europeos".
No ha dicho cómo se puede hacer eso, pero en Bruselas tienen varias ideas. El vicepresidente de la Comisión Europea, por ejemplo, el español Joaquín Almunia, ha repetido varias veces que el Viejo Continente no va a inyectar dinero para salvar entidades financieras cuando sea más barato liquidarlas. Y se refería a bancos españoles. Pero la quiebra, por muy ordenada que sea, es el último paso. Antes de llegar a eso hay un camino intermedio que consiste en que quienes tomaron un riesgo, bonistas y accionistas, asuman pérdidas para limitar el dinero público necesario para reflotar una entidad.
La Comisión Europea ha aprobado una propuesta de directiva que va en este sentido. Además, el último informe del BIS (el Banco de Pagos Internacionales, el banco central de los bancos centrales) recomienda que los bonistas respondan por el riesgo que asumieron para que no tenga que hacerlo el contribuyente. De ahí que varios analistas apunten a que la obligación de que estos inversores compartan las pérdidas puede ser una de las condicionalidades de un rescate a la banca tutelado directamente desde Europa. Esta forma de salvamento será más dura con la posición de accionistas y bonistas de lo que serían las autoridades españolas, señalan.
De hecho, ese sería uno de los objetivos. El gobernador del Banco Central de Irlanda, Patrick Honohan, no ha podido decirlo más claro, al recordar en una intervención pública la semana pasada un estudio que ya hace 20 años reclamaban la unión bancaria para Europa: "Puede ser muy valioso para los Gobiernos nacionales ceder poder a una autoridad central que les salve de ellos mismos", citó. La idea es que ese supervisor sería más inmune a las presiones que los dueños de los bonos puedan realizar, tanto si son particulares (como sucede en muchos casos en España y que puede dar lugar a la tentación de usar dinero público para evitar el malestar social), como si son inversores institucionales.
La propuesta del BIS y de la Comisión Europea se enfrenta a la resistencia de los bancos, temerosos de perder una de sus principales vías de financiación. Pero no le faltan apoyos entre los expertos. "Sería bueno porque pondría una barrera muy clara entre los problemas financieros y la deuda soberana", explica Joaquín Maudos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador del Ivie. "No estaría el papá Estado detrás. El accionista y el bonista asumen las pérdidas, con el depositante protegido con un fondo de garantía europeo".
Eso reduciría las necesidades de dinero público, como pedía el BIS y como busca Bruselas con su directiva. Si un banco es viable, pero necesita recapitalizarse, convertir bonos en acciones ahorraría parte de la inyección externa. Eso sí, los bonistas perderían y también los accionistas, por la dilución.
Maudos coincide con el BIS en que este proceso incluso es sano para el sector porque eleva los requisitos de calidad en la gestión de las entidades. "Es una forma de disciplinar a los bancos. El bonista se lo va a pensar mucho antes de invertir porque sabrá que si el banco quiebra va a perder. Ahora tiene una especie de seguro implícito", añade.
Como siempre, sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. O, en este caso, la implementación. Los bancos tienen una regulación muy específica porque su deuda no es igual que la de otras empresas. "Es su materia prima. Sin ella no pueden conceder créditos", recuerda Maudos. De ahí que poner en marcha esta medida sin estigmatizar a todos los bonos y sin desatar un efecto contagio sea complicado. Por eso desde el sector financiero piden normas claras y un marco regulatorio definido. De todas formas, ningún cambio será inmediato. La creación del supervisor único puede llevar meses (si no años) y la decisión de modificar las reglas del juego no está tomada. El aviso a los bonistas y accionistas, eso sí, cada vez es más nítido.
