El rescate que ha pedido España no deja nada al azar. "Quien da dinero nunca lo hace gratis", ha sido el resumen en siete palabras del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, sobre un debate de condicionalidades que en España lleva camino de convertirse en una batalla nacional.
Habrá condiciones para la economía y consecuencias por la subida del endeudamiento y del déficit. Por supuesto, también la banca intervenida tendrá que ajustarse a un programa de reestructuración con tintes draconianos. Pero incluso los bancos sanos se verán afectados, porque las reglas del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (el FEEF, por sus siglas en español), el que va a poner el dinero si Alemania no lo impide, así lo indican.
La normativa del fondo establece una condicionalidad "horizontal", que incluye una reforma estructural en el sector financiero doméstico y sepulta en el olvido toda pretensión que tuviera el país ayudado de mantener sus bancos en manos nacionales. Y es que las reglas dicen que "la apertura del mercado doméstico a accionistas o entradas de capital extranjero también puede ser requerida" en esta reforma estructural que ha de aplicarse.
Lo importante de esta medida es que no está incluida en las condiciones a aplicar a las entidades intervenidas. Se da por supuesto que ellas no podrán negarse a nada. Este llamamiento, en cambio, se hace a las autoridades de supervisión bancarias y de otro tipo nacionales, en un claro aviso de que no podrán pelear ni poner zancadilla alguna si el dinero foráneo quiere llegar a tierras bancarias españolas.
Más allá, el fondo de rescate puede meter mano en los dominios de la supervisión financiera nacional (el Banco de España, por ejemplo), en el gobierno corporativo de las entidades y en las leyes estatales relacionadas con la reestructuración o resolución financieras. Para eso, se basa en la próxima directiva europea sobre este tema (que acaba de ser propuesta y puede tardar un año en materializarse) y en el Pacto por el Euro, firmado por los jefes de Estado o de Gobierno de la eurozona el pasado 11 de marzo de 2011.
Para no quedarse cortos, las reglas del fondo de rescate prevén el despliegue de todo el arsenal de asesores y vigilantes posibles. Otros bancos centrales podrán dar asistencia técnica al supervisor doméstico, mientras que autoridades supranacionales (como la Asociación Bancaria Europea) podrán controlar el desarrollo del proceso.
El sistema financiero tampoco tendrá libertad para decidir qué entidad necesita dinero. Será el Gobierno el que "indique la o las instituciones con problemas que finalmente recibirán el préstamo", dicen las reglas del fondo de rescate. La entidad en cuestión podrá resistirse e intentar convencer al Ejecutivo de que puede sola, pero en último término será el Gobierno el que decida.
Pero tampoco el Gobierno es demasiado libre para nada. El auxilio financiero está regulado hasta tal punto que cualquier beneficio que pueda surgir de la recapitalización de la banca en apuros tendrá que ser utilizado para repagar el préstamo si así lo pide el fondo de rescate, donde se priva al Estado en cuestión de su derecho al voto. El país beneficiario (España, en este caso) se tendrá que adherir, al menos hasta que se repague la línea de crédito, a la condicionalidad y el "control continuo" asociados al rescate.
