Uno de los aspectos más graves de la crisis que atraviesa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al margen de la politización extrema del asunto -que es más la causa que la consecuencia-, es que el organismo supervisor, de un día para otro, ha quedado paralizado y, con él, los muchos proyectos, muchos muy importantes, en los que se estaba trabajando.
Sin entrar a considerar el impacto reputacional que esta crisis puede tener a nivel internacional, ni las posibles consecuencias para el flujo de inversión extranjera a España, lo cierto es que hay proyectos en marcha de gran calado que pueden sufrir importantes retrasos porque las personas que estaban trabajando en ellos han sido relevados de sus funciones con la llegada del nuevo presidente.
El más importante de esos proyectos es la transposición de la directiva Mifid, una normativa que, entre otros aspectos, va a revolucionar la relación entre las entidades y sus clientes en materia de ahorro e inversión.
La adaptación de esta directiva comienza con el Anteproyecto de Reforma de la Ley del Mercado de Valores, que acaba de finalizar el proceso de audiencia pública y que debería, por imperativo comunitario, estar aprobado antes de noviembre. De ahí brotará una cascada de reglamentos y circulares clave para su entrada en vigor efectiva.
El papel de la CNMV será determinante en este proceso, porque debe realizar la transposición de la directiva en lo que se conoce como nivel 3 y que viene a determinar los parámetros para su aplicación práctica, al detalle. El supervisor español lleva tiempo trabajando en esto en el marco del Comité Europeo de Supervisores y Reguladores (el CESR). Manuel Conthe era, de hecho, director del grupo del CESR encargado de desarrollar los mecanismos para la implementación efectiva de la directiva.
La CNMV ha trabajado mucho en ello. Pero cuando cambian los equipos, los retrasos son casi siempre inevitables. Una pena.
