Una reforma financiera con muchos cambios y en consenso

Nueva prueba de fuego para el sector bancario español. Esta semana las auditoras independientes Oliver Wyman y Roland Berger pondrán cifra a las necesidades de capital de la banca española: alrededor de 60.000 millones de euros, según explican fuentes cercanas a estas consultoras. El anuncio incluso podría adelantarse a hoy, aunque no se faciliten más detalles que la cifra total. Inicialmente estaba prevista su comunicación para el jueves 21 de junio, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere anticipar al G-20, que se celebra en México hoy lunes y mañana martes, algunos datos de las dos consultoras externas. Sus resultados serán decisivos para la petición del rescate europeo de la banca, cuya financiación llega hasta los 100.000 millones de euros.

El grueso de esta recapitalización se conoce ya: irá destinada a Bankia, con 19.000 millones de euros, y Novagalicia y Catalunya Caixa, con unos 10.000 millones cada uno. Los grandes bancos, Santander y BBVA, no necesitarán ayudas externas, lo mismo que Banco Sabadell, Popular, Bankinter o Kutxabank, según apuntan varias fuentes.

En el caso de CaixaBank, la previsión es que tampoco necesite ayudas externas para recapitalizarse. Pese a ello, varias fuentes cercanas a la entidad financiera reconocen que existe un gran nerviosismo entre los directivos de la firma catalana.

Por un lado están las valoraciones que puedan hacer Oliver Wyman y Roland Berger de Banca Cívica, grupo en proceso de absorción por La Caixa -accionista mayoritario de CaixaBank-, y cuya salud financiera se encontraba muy debilitada cuando inició el proceso de fusión con la firma que preside Isidro Fainé. Hay que recordar que La Caixa ha adquirido Banca Cívica a pulmón, sin recurrir a ningún tipo de ayuda pública.

Pero la verdadera preocupación de La Caixa es la posible penalización que puedan hacer Oliver Wyman y Roland Berger de su cartera industrial. Hay que tener en cuenta que La Caixa cuenta con el mayor grupo empresarial español y siempre lo ha defendido como parte de su ADN. Su presidente, como su consejero delegado, Juan María Nin, llevan tiempo haciendo lobby para que Basilea III suavice también sus exigencias de capital a las entidades con participaciones industriales.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ya se anticipó a las peticiones de provisiones de los test de las dos consultoras externas. En mayo provisionó 3.900 millones de euros al ponerlas a precio de mercado. De estas minusvalías, 1.600 millones correspondían a sus participaciones cotizadas y 2.300 millones, a las no cotizadas. El problema es que cada vez hay más voces que afirman que una entidad financiera tiene que dedicarse a eso, a operar solo como una entidad financiera, y no a participar de forma directa en el capital y en la gestión de los grupos industriales.

Hay dos grupos de cajas que, según apuntan varias fuentes financieras, "van a salir muy perjudicadas" de los test realizados por las dos consultoras. De cualquier forma, la publicación individualizada y definitiva del examen realizado a la banca española no se dará a conocer inicialmente hasta el 31 de julio, una vez que Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG hayan elaborado su informe.

Hoy, por otra parte, finaliza el plazo para que los partidos políticos presenten sus respectivas enmiendas al proyecto de ley de la segunda reforma financiera. Pero los grupos políticos tienen previsto pedir una prórroga. Lógico. El Gobierno y los diferentes grupos políticos prefieren esperar los resultados de las valoraciones de Wyman y Berger sobre el sector financiero y las condiciones del rescate de la banca por parte de Europa antes de realizar sus enmiendas. Eso sí. PP, PSOE y CiU tienen previsto introducir varios cambios novedosos.

El objetivo del Gobierno y del PSOE es consensuar las enmiendas, aunque todavía no han comenzado a negociar los textos. Pese a todo, cada uno conoce las principales modificaciones que quieren incluir en el proyecto de ley.

El Partido Socialista incluirá un texto en el que se considere no solo la situación de los bancos, sino también de las familias, las necesidades de crédito de las pymes, o los ahorradores que compraron participaciones preferentes.

También se prevé que se aumenten las causas para las daciones en pago, o que el FROB amplíe el plazo para que el Gobierno salga del capital de los bancos intervenidos como Bankia. Ahora el tope está en tres años. Con esta medida se pretende no tener que malvender la entidad solo porque ha cumplido el plazo.

Mientras, una vez resueltos ya los nombramientos de gobernador y subgobernador del Banco de España, el ruido de fondo ya ha comenzado. Pese a que el mandato de Julio Segura cumple en octubre y parecía que el Gobierno tenía a su sustituto, la exministra Elvira Rodríguez, las cosas parecen ahora que no están tan claras. La salida del vicepresidente Fernando Restoy de la CNMV tras ser nombrado subgobernador ha acelerado el proceso de renovación del regulador de los mercados.