Cuando, en septiembre de 2008, la bancarrota de Lehman Brothers puso en jaque al sistema financiero global, los líderes políticos a lo largo y ancho del planeta adoptaron una receta común: compensar el declive de las economías privadas con un fuerte impulso presupuestario. Nadie pudo evitar la recesión, pero lo cierto es que, ya en el verano siguiente, el grueso de la zona euro retomaba el crecimiento económico.
Salvado el jaque, a partir de entonces el foco se puso en las cuentas públicas: la Comisión Europea, la OCDE, el Banco Internacional de Pagos o el BCE advirtieron de que debía abrirse con urgencia un proceso de consolidación fiscal que fue aceptado sin matices en la zona euro. Bajo la batuta de la canciller alemana, Angela Merkel, los gobiernos europeos se embarcaron en ambiciosos recortes de gasto y subidas de impuestos (preferiblemente, indirectos, como mandan los manuales de la ortodoxia).
Grecia como ejemplo
Los partidarios de la austeridad a cualquier precio destacan que, a diferencia de la crisis financiera global, la crisis europea tiene su epicentro en los desequilibrios fiscales. Esa premisa es cierta solo en un caso muy particular: el de Grecia. Sencillamente, los gobernantes de ese país mintieron sobre su situación fiscal para entrar en la Unión Económica y Monetaria, y siguieron haciéndolo de forma sistemática hasta el otoño de 2009, cuando el nuevo gobierno del Pasok desveló que el déficit público real duplicaba ampliamente al comunicado a Bruselas.
La situación de otros "apestados fiscales", como España, es bien distinta. Cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, en el verano de 2007, nuestro país estaba entre las pocas economías avanzadas que presentaban superávit presupuestario (lo hizo durante tres ejercicios consecutivos), y su deuda pública apenas superaba el 30% del PIB. Si bien es cierto que esas cifras estaban apoyadas en una burbuja inmobiliaria, parece difícil que nadie hablase entonces de "despilfarro" para referirse a las cuentas españolas. Cinco años después, con casi cuatro millones de parados más, el superávit se ha tornado en déficit cercano al 9% del PIB, y la deuda, que duplica de largo la registrada entonces, podría igualarse en pocos ejercicios al producto interior bruto (el rescate bancario acelerará ese proceso de forma ineluctable).
¡Alerta!: la prima se dispara a 160 puntos básicos
Cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se cayó del caballo y se convirtió a los rigores de la austeridad, en mayo de 2010, lo hizo contra sus principios y convencido de que, aunque le costase todo su capital político, salvaría a España de la intervención. Por entonces, los medios de comunicación compartíamos la alarma al titular que la prima de riesgo se disparaba hasta los 160 puntos básicos. Esta semana, el diferencial del bono español a diez años con su homólogo alemán está rondando los 540.
Desde aquella fecha de 2010, cuando se aprobó el primer rescate griego, los gobiernos españoles han emprendido programas de ajuste superan los 50.000 millones de euros, aproximadamente un 5% del PIB, con resultados peor que dudosos: otro millón largo de personas se ha sumado a las colas del paro y la economía se adentra en su tercer trimestre consecutivo de recesión.
Sacrificios, todos ellos, en el altar de la sacrosanta estabilidad fiscal. La evolución de la prima de riesgo demuestra que esas políticas no han servido para recuperar la confianza. De hecho, ni siquiera han servido para mejorar las cuentas de forma significativa. La retirada del sector público de la economía, vía gasto e inversión, se ha sumado a la atonía privada limitando los ingresos fiscales y elevando los gastos del seguro de desempleo. ¿El resultado? La deuda pública supera en cerca de 20 puntos de PIB a la de hace dos años, y el déficit no se ha desplomado precisamente, tras cerrar el último ejercicio en el 8,9% del PIB.
Una teoría con dudosa traslación práctica
Los partidarios de la austeridad sin límites apelaban a un axioma pocas veces probado en la vida real: la reducción del sector público conlleva una inyección de confianza en la economía que puede compensar los efectos perniciosos para la actividad. La realidad, en España y en el conjunto de la zona euro (inmersa igualmente en una segunda recesión), es bien conocida. Al otro lado del Atlántico, la política monetaria laxa se ha llevado al extremo (con tipos de interés nulos y expansiones cuantitativas), mientras la fiscal elude los ajustes desmesurados de Europa. El resultado: un tímido crecimiento económico con lenta reducción de paro que suena a Tierra Prometida en el viejo continente.
En su último libro, Acabad ya con esta crisis, el premio Nobel de Economía Paul Krugman sostiene que, cuando un país está sometido a una trampa de liquidez (es decir, cuando la actividad se mantiene deprimida incluso con políticas monetarias extremadamente expansivas), un recorte de gasto de 100.000 millones de dólares conlleva un decremento de PIB de al menos 150.000 millones. Eso significa, además de pérdidas de actividad y empleo, una reducción del déficit mucho menor que los 100.000 millones del ajuste.
En el libro, Krugman critica con dureza las políticas de austeridad vigentes en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos. Su receta para salir de la crisis de endeudamiento es otra: una inflación moderada. La subida de precios reduciría el valor real de la deuda y estimularía la inversión al llevar los tipos de interés reales a terreno negativo. Con la actividad deprimida, sostiene, no cabe pensar en que las tensiones inflacionistas puedan llegar a desbocarse. Es una visión alternativa, difícil de ensayar porque en Alemania permanece imborrable el recuerdo de la hiperinflación de los años 20 del siglo pasado. El asomo al precipicio podría llevar a romper el tabú.
