El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha desvelado en la Audiencia Nacional que, poco antes de su dimisión, el Gobierno le pidió un nuevo plan para la entidad, a pesar de que el anterior tenía el visto bueno del Banco de España, según han informado fuentes jurídicas.
En su declaración ante el juez Fernando Andreu, Rato ha explicado que a finales de marzo el grupo financiero presentó al supervisor un plan de saneamiento para cumplir con las provisiones inmobiliarias impuestas por el Gobierno en su primera reforma financiera a principios de año.
Posteriormente, en los primeros días de abril se completó con otro plan, a iniciativa de BFA-Bankia, que resolvía algunas dudas sobre la matriz (BFA) y que fue elaborado por Deloitte, la misma compañía que auditaba al grupo y que participó activamente en su salida a bolsa, ha recordado Rato.
El que fuera vicepresidente del Gobierno ha añadido que el proyecto, que serviría para cumplir con las exigencias de provisiones y disipar cualquier incertidumbre, recibió el visto bueno formal del Banco de España en una misiva remitida a su atención el 17 de abril.
Sin embargo, a pesar de la aprobación por parte de la institución competente, Rato ha revelado que el Ministerio de Economía le pidió que hiciera un nuevo plan en el que contemplara una caída de la economía española peor que las previsiones más pesimistas.
Y una vez más, convencido de que Bankia podría salir adelante, Rato se puso a trabajar con su equipo para diseñar en las últimas semanas de abril una nueva estrategia, que garantizara la continuidad de la entidad ante escenarios inimaginables y le permitiría cumplir con hipótesis de futuro mucho más estresados.
Además, siempre según las mismas fuentes, Rato ha añadido que el Gobierno estaba siendo informado de los principales ejes de dicho plan, pero la aprobación finalmente no se produjo y decidió dimitir sintiendo que había perdido la confianza de las autoridades.
Sorprendentemente, a principios de mayo, ya sin Rato en Bankia, el grupo tampoco había recibido el informe de Deloitte a las cuentas de 2011, por el que llevaban semanas preguntando exconsejeros del grupo y exmiembros de la comisión de auditoría, a los que la firma no trasladó objeciones. Rato ha añadido que poco antes de su marcha el auditor le "juró" que el informe de las cuentas estaría "aunque tuviera que trabajar toda la noche".
Asimismo, ha insistido ante el juez en que las cuentas presentadas el 28 de marzo para su formulación, con un beneficio de 309 millones eran el reflejo fiel de la compañía a cierre del ejercicio 2011.
Pero, a pocos días de su marcha y con la llegada de José Ignacio Goirigolzarri a la presidencia de Bankia, el auditor de Deloitte se presentó en la última reunión de los consejeros ahora imputados para justificar una reformulación de cuentas, en las que ni varió el beneficio operativo ni la morosidad, lo que demuestra que ésta ya estaba bien provisionada a cierre de 2011, ha destacado Rato.
En cualquier caso, los cambios contables finales transformaron el beneficio neto de 309 millones en unas pérdidas de 2.979 millones, a las que se llegó, entre otras razones, por adelantar provisiones y poner en valor una cartera de participadas que no se preveía vender.
Rato ha subrayado que el plan que le pidió Economía no guardaba ninguna relación con las cuentas del cierre de 2011, ni con el plan aprobado el 17 de abril por el Banco de España, y ni siquiera con el elaborado por Deloitte. Las cuentas modificadas sirvieron de base al nuevo equipo para solicitar la inyección de fondos públicos.
Durante su declaración, el exbanquero ha cargado contra el Banco de España porque le animó a incluir a Bancaja en la fusión que lideraba Caja Madrid con otras entidades y también al Gobierno socialista y al actual, por sus requerimientos legales.
De hecho, ha argumentado que uno de esos requerimientos precipitó la salida a bolsa de Bankia, una opción que él valoraba a largo plazo pero no en el verano de 2011.
En esa operación, ha dicho, se ofreció al inversor información fiel de la entidad, certificada por los bancos colocadores: Deutsche Bank, Bank of America, JP Morgan y UBS y, nuevamente, con el visto bueno de Deloitte.
Por si esto fuera poco, Rato ha recordado que los preparativos para el debut bursátil eran seguidos de cerca por los reguladores, entre ellos la CNMV, que exigió que el 40% de la colocación se destinara a inversores institucionales, que son los que fijan el precio de las acciones.
Por último, el juez le ha preguntado por qué el banco de inversión Lazard, en el que Rato había trabajado antes, fue el asesor de Bankia en su salida a bolsa, algo que para el exbanquero no supone ningún conflicto de intereses y se justifica porque no hay muchas grandes compañías que se dediquen a esas labores.
