Banco Popular ha comunicado a la CNMV que "se encuentra en proceso de negociación para la venta y externalización de un porcentaje mayoritario, el 51% según Efe, de sus negocios de banca por internet y de medios de pago, sin que se haya cerrado a día de hoy un acuerdo al respecto". Bancopopular-e, la filial por internet de Popular lanzada en 2000, dispone de ficha bancaria.
Esta operación, similar a otras ya realizadas por la entidad, reforzaría la posición de Popular ante los requerimientos del proceso de reforma del sector financiero español, permitiendo generar unos resultados razonables en los próximos dos años, y se enmarca dentro de un conjunto de medidas destinadas a cumplir con la reforma financiera, apunta la entidad, que serán oportunamente comunicadas al mercado.
Banco Popular ha sido una de las entidades más afectadas por las dos nuevos decretos en los que el Gobierno ha elevado este año las exigencias de saneamiento sobre activos inmobiliarios. La entidad que preside Ángel Ron anunció el pasado octubre que se disponía a absorber Banco Pastor a pulmón. Poco podía imaginar entonces los sacrificios regulatorios que se les iban a exigir al sector poco después.
La reforma financiera de febrero, que elevaba las dotaciones obligatorias sobre activos adjudicados, arrojó una factura de 4.000 millones brutos para el nuevo grupo (de los que 3.450 corresponden a Popular en solitario). El segundo decreto, en mayo, sumó otros 3.300 millones más para la unión de ambas entidades.
Los analistas de Goldman Sachs consideran que semejantes costes empujarán a Popular a pérdidas para finales de año. La entidad, sin embargo, aprovechará la posibilidad que le da haberse fusionado para alargar el plazo en el que llevar acabo los saneamientos y podría recurrir a otras medidas de desinversión como las citadas al inicio del artículo.
Popular, eso sí, podría sufrir aun nuevas tensiones tras el paso de las valoradoras y auditoras externas que se preparan para radiografiar el sector financiero. Según los expertos de HSBC, los créditos concedidos a empresas suponen un nuevo riesgo, susceptible de necesitar más provisiones de las esperadas.
Poco podía imaginar el pasado octubre la entidad que preside Ángel Ron
