El pequeño inversor va a ser una vez más pieza clave en la nueva ampliación de capital de la que está pendiente el conjunto del sistema financiero español. Banco Popular buscará en el mercado los 2.500 millones de euros con los que cubrir gran parte del déficit de capital desvelado en el test de Oliver Wyman y que deben garantizar la independencia de la entidad. La operación será además el gran termómetro con el que medir la confianza de unos inversores hasta ahora extremadamente reacios hacia la banca española y su resultado dará también la medida de en qué punto está el proceso de recuperación de la credibilidad perdida por el conjunto del sector.
El test de Oliver Wyman ha cambiado la vida de Banco Popular, que ahora intenta evitar a toda costa tener que pedir unas ayudas públicas que serían síntoma innegable de debilidad y antesala para una futura operación corporativa. Y es en este entorno en el que la entidad busca activar todo el poder comercial de su red de oficinas para encontrar el máximo apoyo posible entre los pequeños accionistas a su ampliación de capital.
El banco ya ha conseguido el compromiso de buena parte de su núcleo duro de accionistas, que garantizan por el momento la colocación de 575 millones de euros, el 23% de la ampliación prevista. Hoy por hoy, los grandes accionistas presentes en el consejo del banco controlan el 32,46% del capital y el restante 67,54% es capital flotante en Bolsa.
El gran desafío queda por tanto en el terreno del inversor institucional -con el que deberá emplearse el sindicato de bancos colocadores que dirige Deutsche Bank- y en la red de oficinas. El porcentaje del capital ahora en manos del inversor minorista español está en el 46% y el objetivo, según apuntan fuentes próximas a la entidad, es que al menos la mitad de la ampliación quede suscrita entre los pequeños inversores, con lo que la red de oficinas deberá ocuparse de convencer a los actuales accionistas minoritarios para que acudan y además captar nuevos accionistas entre la propia clientela.
El banco reforzará su ofensiva comercial con una campaña publicitaria protagonizada por el jugador de baloncesto Pau Gasol, que se ha convertido en imagen habitual de las campañas de captación de depósitos del banco. Y la red de oficinas de Popular no será la única en la que acudir a la ampliación del banco. También podrán suscribirse acciones en la red Santander, que tiene en depositaría una pequeña proporción de títulos del capital del banco que preside Ángel Ron.
Desafío en la relación con el cliente
En Popular confían en el apoyo de su base de accionistas minoritarios, que ha dado muestras de estabilidad con el paso del tiempo. Sin embargo, precedentes como la forzada y traumática comercialización de participaciones preferentes abordada por el conjunto del sector y la salida a Bolsa de Bankia, que deja pérdidas del 69% a los pequeños accionistas, hacen de la colocación de acciones de Popular entre sus pequeños accionistas y clientes un desafío añadido para la entidad, que deberá velar por que no se erosione la relación con su clientela si la trayectoria bursátil deja pérdidas en la inversión.
El precedente de Bankia, por tratarse también de venta de acciones en la red de oficinas, es especialmente relevante, a pesar de que aquella operación fue una salida a Bolsa -y no una ampliación sobre la base de una entidad que ya cotiza- y de que la entidad que entonces presidía Rodrigo Rato despertara mayores recelos entre los inversores de los que hoy pueda despertar Popular, aun con toda su carga innegable de ladrillo. En la salida a Bolsa de Bankia, la CNMV que el 40% de la oferta debía dirigirse al inversor institucional, con el fin de equilibrar en lo posible la oferta y pese a lo que han llovido las críticas por el devenir posterior. En la ampliación de Popular, no hay en cambio riesgos con la fijación del precio, que se establece cada día en mercado.
Cuál es la protección para el accionista
Las preferentes han ensombrecido en muchos casos la relación de los clientes con su entidad bancaria, si bien Popular figura en la lista de entidades que dieron una salida airosa a este producto. Sin embargo, la venta de preferentes apenas estuvo sujeta en su día a los filtros la Directiva sobre Mercado de Instrumentos Financieros (Mifid), que regula la venta de productos financieros a inversores minoristas. Con las preferentes debía aplicarse un test de idoneidad, en el que ver si el perfil del ahorrador se ajustaba al riesgo de una inversión considerada compleja. Con las acciones es distinto, puesto que la Mifid las contempla como un producto sencillo. El banco sí está obligado realizar el test a quienes que deseen ser nuevos accionistas acudiendo a la ampliación de Popular y compren para ello derechos, que sí se consideran producto de inversión complejo.
