La obtención de mayoría en los consejos obligará a lanzar opa

El pasado martes por la tarde, el Grupo Parlamentario Socialista y el Popular alcanzaron un principio de acuerdo en el Ministerio de Economía sobre el proyecto de ley de opas, que afrontará el trámite de ponencia y comisión el próximo día 21. Una de las bases de dicho acuerdo se asienta sobre la doble condición que el proyecto incorporará a la hora de obligar a lanzar una opa por el 100% de las compañías.

La primera condición, ya presente en el anteproyecto, obliga a lanzar una opa por todo el capital cuando se supera el umbral del 30%. La segunda condición se referirá al control real de su consejo. El PP defenderá una enmienda de máximos que obligaría a opar por el 100% cuando se obtenga un tercio del consejo de administración. No obstante, en el partido se admite que esta es una pretensión muy ambiciosa y que, en el debate de enmiendas, se subirá hasta el 50%. Un criterio con el que se está de acuerdo en Economía y en el Grupo Parlamentario Socialista.

Según el portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, el criterio de esta iniciativa es que 'nadie tenga la tentación de controlar una empresa comprando menos del umbral exigido para lanzar una opa'. La toma de control a través del nombramiento de consejeros fue una de las reformas introducidas por el PP en la reforma de la ley de opas de 2003.

æpermil;ste será un aspecto crucial en el debate que se abrirá dentro de la Comisión de Economía en la segunda quincena de febrero, ya que también hará hincapié en el mismo Convergència i Unió. El presidente de la Bolsa de Barcelona ha trasladado a esta formación política varias enmiendas para que las defienda en el Congreso. Una de ellas persigue evitar el tener de forma permanente un segundo umbral de opa. El anteproyecto de ley contiene una disposición transitoria que obliga a todos los titulares que tengan, desde antes de la entrada en vigor de la ley, una participación igual o superior al 30% e inferior al 50% a formular una opa por el 100% si incrementan su participación en dicha sociedad en, al menos, el 5% en un periodo de doce meses, o si alcanzan un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 50%.

Según el criterio asumido por los nacionalistas catalanes, la directiva que la Unión Europea aprobó hace dos años tuvo como principio básico la existencia de un umbral único a fijar por cada Estado miembro, umbral que en España será del 30%. A juicio del portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, de mantenerse la actual redacción de la disposición adicional única del proyecto de ley, además de este umbral del 30%, existiría un segundo entre el 30% y el 50%, 'contraviniendo el citado principio de umbral único'.

CiU propone que la fórmula final establezca un régimen transitorio de dos años para aquellos titulares de participaciones de entre el 30% y el 50% en sociedades cotizadas que aumenten su participación en un determinado porcentaje durante ese plazo. Una vez transcurridos esos 24 meses, estos accionistas se someterían al régimen general. Este régimen transitorio limitado a dos años estaba previsto en el borrador de anteproyecto sometido a audiencia pública en junio.

En el acuerdo alcanzado entre Economía y el PP se incluye también el compromiso del PSOE de eliminar conceptos del proyecto de ley en los que podría afianzarse cierta discrecionalidad del Gobierno, como la definición de lo que se entiende por 'precio equitativo', que es aquel al que se deben lanzar la opa.